Tras la clausura provisional del Relleno Sanitario de Quecholac; hoy en día, convertido en un tiradero a cielo abierto en donde se acumulan más de 50 mil toneladas de basura en putrefacción y/o descomposición, ejidatarios de la junta auxiliar de Santiago Tenango, perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles ingresaron una denuncia popular ante las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a fin de exigir una transparencia para la resolución de este problema de contaminación al que calificaron como un ecocidio. 

En entrevista a Intolerancia Diario, la abogada agraria y representante de más de 60 ejidatarios, Eugenia López refirió que el pasado 21 de marzo del 2023 ingresaron a la Profepa una denuncia popular y/o de hechos, en donde se detallan los daños que actualmente están sufriendo los pobladores ante el grave problema ambiental y de salud derivado del mal manejo y sobreexplotación del relleno sanitario de Quecholac, el cual ya ha invadido terrenos de la localidad de Santiago Tenango del municipio de General Felipe Ángeles. 

“El relleno sanitario se ha extendido que ya está en tierras ejidales de Santiago Tenango. La empresa a la que el gobierno le otorgó la concesión de un servicios que es de recolección, manejo, control y destino final de la basura no lo lleva a cabo, no operó con los lineamientos que exige la Ley, además de que tampoco invirtió en maquinaria para el proceso que deben tener los residuos para evitar la contaminación y que hoy representa ya un peligro a la salud pública”, refirió. 

Expuso que la descomposición de los residuos genera gases como el metano y líquidos tóxicos denominados lixiviados los cuales —al ser corrosivo— buscan su cauce y son una amenaza para el suelo de los alrededores, para el agua subterránea e incluso, el agua superficial; aunado a ello, de la contaminación a cielo abierto que ha generado una acumulación de aproximadamente más de 50 toneladas de basura que a lo largo de los últimos ocho años se recibieron de 22 municipios de la región.  

“La clausura temporal no es una solución al problema, aunque se evita o impide la entrada de más camiones recolectores de basura y con ello, ya no se siguen acumulando estos desechos (tipo pirámide); lo que exigimos es que los estudios que se apliquen para corroborar los daños irreversibles (por el envenenamiento a los suelos, a los mantos freáticos, a los campos de cultivo que le rodean) que sean transparentes y que no haya tráfico de influencias, como ha habido en otras entidades”, aseveró. 

En su momento y en entrevista a esa casa editora, los mismos ejidatarios de Santiago Tenango —durante una reunión para llegar a una solución del problema con representantes de la empresa que opera el relleno sanitario de Quecholac— señalaron que éstos aseguraron que la empresa Biosinergias Ambientales S.A de C.V pertenece al empresario, José Yunes Soto. 

En la opacidad 

Cabe mencionar que esta casa editora, en repetidas ocasiones y una de ellas en el 2016 exhibió y denunció que dicho relleno sanitario ya había superado su capacidad; sin embargo, durante el 2018 el pasado gobierno en turno, junto con la pasada legislatura local, favorecieron a la empresa —Biosinergias Ambientales S.A de C.V— con nueve concesiones más, pese a que esta continuaba operando de manera ilegal y con un tiradero a cielo abierto que ya representaba un peligro al medio ambiente y a la salud. 

La representante agraria refirió que en el relleno sanitario no existe un letrero donde se especifique la empresa concesionada, ni la razón social, domicilio fiscal y número telefónico que está operando en el lugar. “Es un relleno sanitario, incluso, estuvo resguardado por los trabajadores de la misma quienes no dejaban que particulares entraran a la zona. Estaba convertido en un búnker para que nadie tomara fotos y demostrara la negligencia de esta empresa que nunca cumplió con la norma 083 y 084". 

La respuesta de Profepa 

Luego de ingresar una denuncia de hechos y una protesta pacífica fuera de las instalaciones de la Profepa por parte de los ejidatarios, Eugenia López refirió que las autoridades de dicha dependencia les informaron que el caso se encuentra en manos de las autoridades del Gobierno de México “nosotros lo único que pedimos a Profepa que se allegue a las pruebas, que haga los estudios a la tierra, un análisis a la problemática, pues está facultada para ello y para emitir una resolución seria, no una resolución a la ligera; además, de deslindar responsabilidades por esta negligencia que esta empresa haya tenido, pues contaminó de manera irreversible los campos de cultivo de esta zona". 

¿Temen tráfico de influencias para que no se lleven a cabo estos estudios y que exista una resolución seria por parte de Profepa? 

No lo podemos afirmar, porque la empresa se oculta y opera en total ocultamiento lo cual no estamos de acuerdo pues no podemos perder de vista que es una concesión que dio el gobierno a una empresa particular y por ese solo hecho, está obligada a ser transparente, tener sus oficinas visibles y operar con la legalidad. Exigimos que se deslinden responsabilidades con esta empresa.