Tras el cierre nocturno de la autopista México–Puebla por parte de pobladores de San Miguel Xoxtla, iniciaron formalmente las mesas de negociación entre autoridades estatales, municipales y el Frente Ciudadano contra la Privatización del Agua.
El diálogo se lleva a cabo en la explanada de la comunidad, como condición impuesta por los inconformes, quienes advirtieron que si no hay acuerdos concretos, el próximo lunes en asamblea general definirán nuevas acciones.
“El lunes vamos a tener otra asamblea general, ya sea para informar los resultados del diálogo o para tomar decisiones. Si no hay voluntad del gobierno, vamos a actuar”, advirtió en entrevista Maurilio Galiote Mixcóatl, vocero del Frente y uno de los principales defensores del agua en la región.
La protesta que incluyó el bloqueo de la autopista por varias horas, se originó por el descontento social ante la supuesta intención de entregar el Pozo 4 a la empresa Agua de Puebla para Todos, hecho que los pobladores califican como un nuevo intento de privatizar el agua en Xoxtla.
“No vamos a permitir que se lleven una sola gota más. No es justo que mientras aquí hay escasez, estén planteando entregar otro pozo a una empresa privada que hace negocio con lo que nos pertenece a todos”, señaló Galiote.
Detalló que el origen del conflicto se remonta a 1997, cuando se firmó un convenio entre el Gobierno del Estado y el municipio para permitir la extracción de agua hacia la capital poblana.
A cambio, se prometieron diversos beneficios para Xoxtla, los cuales, según denuncian los vecinos, nunca se cumplieron.
Las peticiones
Los puntos principales que el Frente exige resolver son tres:
- La cancelación inmediata de cualquier intento de entregar el Pozo 4 a una empresa privada.
- La revisión y cumplimiento del convenio firmado en 1997.
- Un rechazo total a la privatización del agua en la comunidad.
Detalló el activista que actualmente, Xoxtla enfrenta problemas de abasto.
“Hay pozos que ya no surten suficiente, incluso la propia presidenta municipal lo reconoció ayer. Por eso es indignante que se quiera entregar otro pozo cuando nuestra comunidad ya está en crisis”, sostuvo Galiote.
La exigencia de que el diálogo se lleve a cabo en territorio comunitario, y no en oficinas gubernamentales, por la desconfianza hacia las instituciones, dijo.
“Queremos transparencia y que la comunidad escuche directamente lo que se diga”, afirmó.
Aunque las autoridades lograron convencer a los manifestantes de liberar la autopista, los líderes sociales dejaron claro que esto no representa una retirada, sino una pausa estratégica.
La comunidad permanece en alerta, y la asamblea del lunes será crucial para definir si el conflicto escala o se encamina hacia una solución.
“La lucha apenas empieza si no hay respuesta. Este tema no es negociable: el agua es del pueblo, no de las empresas”, concluyó Galiote.
