La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa Cantellano, dejó claro que la tortura en México no es una práctica de Estado ni sistemática, sino que se trata de hechos aislados que son violatorios de los derechos humanos.

En conferencia de prensa, la canciller señaló que en el documento que se entregó a la comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante su reciente visita al país, se mencionan los retos que México enfrenta en la materia y señala los avances y compromisos, incluida la Reforma en materia de derechos humanos.

Además se mencionan cuáles son los avances que se registran, hay algunos retos y, sin duda, dijo, la mejor manera de superarlos es reconocerlos.

Acompañada por el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, Espinosa Cantellano indicó que "el documento registra en efecto que existen estas lamentables prácticas, todavía en algunos casos aislados".

La idea del diagnóstico es ser objetivo y realista, para poder atacar este problema y actuar en consecuencia en aquellos puntos que todavía representa un reto para el país, resaltó.

Cuestionada sobre el tema de la pena de muerte contra connacionales, recordó que la cancillería tiene un programa específico dedicado a la asistencia a aquellas personas que se encuentren sentenciadas o puedan ser susceptibles de obtener una sentencia que los lleve a esa situación.

En este sentido, reafirmó que ese proyecto está vigente y se ha fortalecido a lo largo del tiempo, en la medida en que ha habido mayor necesidad porque hay más casos que se registran de este tipo.

Subrayó que también mantienen su labor para “asegurar que aquellos mexicanos que son detenidos tengan el derecho de acceso consular, puedan acudir a la asistencia y protección al consulado, tengan un proceso debido, apegado a derecho y el apoyo de abogados en el momento en que lo requieran”.

De manera simultánea, dijo, en el tema de la pena de muerte continúa el impulso de acciones tendientes a una mayor sensibilización sobre la necesidad de aprobar una legislación que permita a Estados Unidos cumplir plenamente con el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Esto se hace a nivel de Washington y a nivel estatal y local con las instancias en cada uno de esos lugares, refirió.

La posición del gobierno de México en relación con la detención de migrantes indocumentados o de migrantes en general ha sido de rechazo muy enérgico, sobre todo cuando se trata de prácticas que pudieran ser violatorias de derechos humanos o discriminatorias por razones de raza o por la apariencia de las personas, puntualizó.

NTX/JRR/SGR