El alcalde regiomontano Fernando Larrazabal Bretón reiteró que su administración es ajena a cualquier negociación ilegal con dueños de casinos y que los videos conocidos por la opinión pública, grabados por el empresario Sergio Gil, han tenido el objeto de chantajearlo.

“La verdad por su peso va a caer”, dijo luego de que ayer se dio conocer otro video en el que su hermano Manuel Jonás y el secretario de Desarrollo Humano municipal, Miguel Angel García Domínguez, dialogan con el dueño del casino Red.

“Seguramente el señor Sergio Gil intentó por todos los medios corromper o hacer algo dentro del municipio de Monterrey, no pudo, porque el casino Red está clausurado”, dijo.

Indicó que posteriormente el dueño del casino obtuvo suspensiones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para seguir operando.

Dejó entrever que el empresario de centros de apuesta tras estas videograbaciones hizo lo mismo “seguramente a más funcionarios”, sin que haya logrado su cometido de convencer a autoridades municipales para continuar con sus actividades.

“Cuando clausuramos el casino el 25 de agosto, el señor Sergio Gil fue en repetidas veces a buscarme a mi oficina, seguramente con el único fin, ya con el casino clausurado, mostrarme todos estos videos que se han hecho públicos para poder chantajear al alcalde y que su casino se abriera”, expuso.

El edil regiomontano dijo desconocer que su secretario García Domínguez hubiera dialogado con Sergio Gil, quien lo grabó en video “evidentemente para poder chantajear al alcalde y al gobierno municipal, para abrir su casino”.

Añadió que, de acuerdo a la versión de su funcionario, el dueño del casino Red buscaba una entrevista con él, pero “ni el teléfono le tomé”.

“El gobierno municipal que yo encabezo actuó siempre apegado a derecho y está clausurado y este señor se la pasó tomando videos para tratar de chantajearme”, enfatizó en una entrevista a un medio local.

Sobre la investigación a su hermano Manuel Jonás Larrazabal Bretón, actualmente bajo arraigo, insistió que el dinero recibido y que se muestra es por la venta de “alimentos regionales”, lo cual deberá indagar la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León (PGJNL).

“Y si no fuese así, que cumpla y pague su condena, -porque- una cosa es mi hermano y otra cosa es el gobierno y el gobierno que yo encabezo ha actuado apegado a la legalidad y ese casino, insisto, hoy está clausurado”, puntualizó.