La falta de equidad en la distribución de la riqueza y del ingreso impide el desarrollo de la economía rural, toda vez que son los agroempresarios y las empresas trasnacionales dedicadas a las semillas, los fertilizantes y la comercialización de productos, las que tienen capacidad financiera.

El presidente de la Central Campesina Independiente (CCI), Rafael Galindo Jaime, dio a conocer las conclusiones de su 48 Pleno Agrario Nacional, en las que se señala que está demostrada con cifras la injusticia social hacia los pequeños y medianos productores.

El líder campesino refirió que 32 por ciento de la pobreza alimentaria, 39 por ciento de la pobreza de capacidades y 61 por ciento de la pobreza patrimonial se encuentran en el sector rural del país.

Lo anterior a pesar de los artículos 25 constitucional, que establece compromisos gubernamentales para garantizar la justicia social, y 26, que obliga al Estado mexicano a la “planeación democrática del desarrollo nacional” cuando no se consideran a los sectores productivos para ese fin.

Galindo Jaime aseveró que un ejemplo de “planeación económica democrática” que respetó de forma momentánea el Artículo 26 de la Constitución fue la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en 2003.

Sin embargo, este instrumento quedó “en el olvido" y actualmente ninguna política pública agropecuaria considera las propuestas de las organizaciones campesinas.

En un comunicado mencionó que en el pleno de delegados de la CCI se analizó también el incumplimiento del Artículo 27, el cual indica que ningún ejidatario puede ser titular de más de cinco por ciento del total del ejido.

En la realidad, en cambio, “crece el rentismo de grandes hectáreas ejidales, que es igual al acaparamiento de estas tierras en beneficio de unos cuantos”.

Rafael Galindo Jaime expuso que en los hechos se puede demostrar que sólo cinco por ciento de productores rurales se favorecen con 54 por ciento del financiamiento bancario público y privado.

Según cifras oficiales, a nivel nacional 10 por ciento de los mexicanos reciben 40 por ciento del ingreso nacional y otro 10 por ciento de la población, la más pobre, sólo alcanza 1.6 por ciento del ingreso.

En ese caso recordó que de las 4.2 millones de unidades económicas censadas en 2009 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mil unidades económicas de las ramas del comercio y la industria se apropiaron de 80 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).