La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado planteó reformas para equiparar al delito de fraude, los abusos que cometen las cajas de ahorro o sociedades financieras, en perjuicio del patrimonio de los ahorradores.

En entrevista, el senador de Movimiento Ciudadano, Ericel Gómez Nucamendi, dijo que los cambios al Código Penal Federal buscan acabar con la impunidad con que operan negocios particulares “que, para captar recursos, engañan y defraudan a los ahorradores”.
“El delito se considerará consumado cuando se niegue a los ahorradores la devolución de las cantidades ahorradas, invertidas o depositadas, o cuando la oficina o sucursal destinados a la atención del público esté temporal o definitivamente cerrado o clausurado”, detalló.

Indicó que de las 850 entidades sociales y privadas que prestan servicios de ahorro y crédito popular en el país, solamente 99 cuentan con autorización y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB).

Por ello, se pretende “establecer sanciones en contra de defraudadores, que abusando de sus funciones de dirección o administración de cajas de ahorro o sociedad financiera, perjudican patrimonialmente a los ahorradores”, añadió.

El legislador advirtió que este tipo de cajas de ahorro, “carentes de registro, se expanden sin control y desaparecen súbitamente en perjuicio de los ahorradores, por lo que la persecución de los responsables es casi imposible”.

Ello “no sólo por la debilidad de los sistemas policiacos y de procuración de justicia estatales, sino también por la posible existencia de tráfico de influencias con las autoridades locales, al grado que la persecución legal se diluye”, aseguró.

Gómez Nucamendi precisó que por ejemplo, según la Condusef, “tan sólo en el estado de Oaxaca, el fraude en las cajas de ahorro es superior a más de cuatro mil millones de pesos y afecta a más de 40 mil personas”.

Por ello, es necesario equiparar estas conductas al delito de fraude establecido en el artículo 388 del Código Penal Federal, pues atentan contra el patrimonio de los ahorradores, demandó.

Indicó que dicho código impone sanciones de tres días hasta 12 años de prisión, según el monto del valor defraudado, a quien cometa el delito de fraude.