Tres heridos por día, más de 20 cada semana, 92 al mes. Es el saldo que reflejan, en los últimos cinco años, los accidentes viales en los que se ha visto involucrado el transporte público, un problema que deja entre sus víctimas no sólo un promedio de cuatro personas fallecidas cada mes, sino también a una larga serie de lesionados que, cuando tienen suerte, sufren sólo raspones o luxaciones, pero que en otros casos llevan para siempre la carga de daños físicos mucho más graves, y dificultades para encontrar justicia.
Entre 2007 y 2011 las unidades del transporte público de Jalisco se han visto involucradas en 40 mil 210 incidentes; es decir, 22 por día. En 46% de los casos, las víctimas tenían entre 21 y 40 años de edad y estaban en plena edad productiva, según las cifras que ha documentado el Consejo para la Atención de las Víctimas del Transporte Público (CAVTP) y que se basan en información proporcionada por la Secretaría de Vialidad.
Los mismos operadores de camiones y midibuses reconocen que bajar a cero los fallecimientos ocasionados por el transporte público les resulta difícil, pero subrayan que han hecho varios esfuerzos en estos años para mejorar la calidad de su servicio, mientras que la Secretaría de Vialidad resalta que hubo mejoras desde que impulsó operativos de vigilancia.
A pesar de ello, autoridades y empresas documentan que los choferes se las arreglan para alterar las medidas de seguridad que han sido añadidas a los camiones precisamente para reducir los incidentes y sus consecuencias. Así, por ejemplo, alteran el regulador de velocidad, que debería evitar que los camiones circularan a más de 60 kilómetros por hora.
El escenario para las víctimas y para los deudos de quienes pierden la vida se complica con los vacíos legales. En este sentido, la asociación civil Víctimas de Violencia Vial, denuncia que la vulnerabilidad de los afectados y de sus familias se acentúa porque la mayoría son personas de escasos recursos. Aunado a esto, afirman los miembros de esta organización, la impunidad y la corrupción dificultan y alteran los procesos legales.
El diagnóstico totalmente negativo sobre las irregularidades que presenta el servicio de transporte en general, se alimenta con los reportes de los usuarios que se comunican a los teléfonos del sector para dar su opinión: en cinco años hubo más de 30 mil llamadas y sólo 124 personas hicieron comentarios positivos.
