La condena de nueve años de prisión dictada el miércoles en juicio abreviado al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, no tiene satisfecha a la Procuraduría General de la República (PGR), dijo hoy jueves un alto funcionario de la institución.

El subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe de Jesús Muñoz, explicó que el sistema penal contempla beneficios como al que se acogió Duarte, apresado en 2017 cuando estaba prófugo por un desvío millonario de recursos durante su administración en Veracruz.

"Cuando nos topamos con casos como éste, y que tenemos algunos otros, nunca estaremos satisfechos. Nadie nunca estamos satisfechos pero la ley mandata beneficios y pues la ley no puede ser a modo", expuso Muñoz en conferencia.

Duarte se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa a cambio de evitar su proceso y obtener la condena mínima por esos delitos, dentro de lo que se llama procedimiento o juicio abreviado.

El juez de Control, Marco Antonio Fuerte, lo sentenció la noche del miércoles a nueve años de cárcel y decretó el decomiso de 41 propiedades que compró a través de prestanombres con los recursos, varias de ellas en barrios residenciales de la Ciudad de México como Santa Fe.

Muñoz destacó que el juez condenó al exgobernador con base en las pruebas aportadas por los fiscales y dijo que las propiedades incautadas representan una cantidad "importante" de dinero.

"Sólo pongo como ejemplo los tres inmuebles asegurados en Santa Fe, que cada uno tiene un valor de 45 millones de pesos (2,4 millones de dólares)", planteó.

El subprocurador abundó que la PGR mantiene abiertas varias investigaciones por el mismo caso en contra de ex colaboradores de Duarte durante su administración, de 2010 a octubre de 2016.

"Debo señalar que incluso en contra de ellos ya tenemos órdenes de aprehensión. La investigación continúa", sostuvo Muñoz en la sede de la PGR en la capital del país.

Los nueve años de condena contemplan los 17 meses que Duarte ha pasado en prisión desde que fue arrestado por la Policía guatemalteca en ese país a petición de la PGR, en abril de 2017, y después extraditado en julio de ese mismo año a México.

Contando ese lapso de tiempo, el exgobernador podrá solicitar su libertad bajo supervisión a un juez de Ejecución dentro de tres años y un mes porque la ley estipula ese beneficio cuando se cumple la mitad de la sentencia.

"Esto será una determinación que el Poder Judicial tendrá que tomar", respondió el subprocurador cuestionado al respecto.

Según la prensa local, durante la audiencia se señaló que la PGR pudo acreditar que durante la administración de Duarte se desviaron del erario unos mil 650 millones de pesos, de los cuales poco menos de la mitad se usó para la compra de las 41 propiedades incautadas.

Duarte aún enfrenta dos acusaciones de la fiscalía de Veracruz por delitos del orden común, como peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias, además de que esa misma instancia busca llevarlo a proceso por desaparición forzada de personas en su administración.

El gobierno actual de Veracruz ha dicho antes que el caso de corrupción de Duarte es el más grave y escandaloso en la historia de México, acusando que los recursos que desvío correspondían a programas de salud, educación e infraestructura.