Por Isaí Lara Bermúdez
Gustavo de Hoyos Walther, actual presidente nacional de Coparmex recibió más de 4 millones de pesos durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, reveló el portal Punto Norte en un reportaje especial.
Desde hace unos días, al ex gobernador se le imputan los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros, principalmente por realizar pagos a proveedores sin que exista evidencia de los servicios que brindaron a su gobierno.
El acuerdo millonario que firmó personalmente Gustavo de Hoyos con el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California tuvo una vigencia de solo tres meses y una semana por un monto de 3 millones 491 mil 658 pesos más el importe del IVA, dando una cantidad total de 4 millones 50 mil 323 pesos.
La entonces oficial mayor y hoy diputada, Loreto Quintero Quintero, otorgó el contrato a de Hoyos sin una licitación pública, proceso al que debe apegarse toda adquisición del estado, lo cual significa, se le otorgó bajo el procedimiento de excepción por medio de una adjudicación directa.
De acuerdo a la investigación realizada por Punto Norte, el despacho del que es principal socio el líder de la Coparmex, denominado De Hoyos y Avilés, S.C., prestó sus servicios profesionales para crear –entre otras cosas– el anteproyecto del reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California.
Dicho reglamento cuenta con 157 artículos más los transitorios y se publicó en el Periódico Oficial del Estado en un tiempo récord de 16 días hábiles después de que se firmara el contrato entre el gobierno panista y Gustavo de Hoyos.
Es decir, en ese lapso, el despacho de de Hoyos, no solo redactó el Reglamento de la Ley, sino que lo entregó al Gobierno del Estado y éste lo dictaminó por medio de la Secretaría General de Gobierno para su aprobación interna y su publicación final.
Fuentes dentro de la administración anterior, revelaron a este medio de comunicación que los trabajos contratados a de Hoyos ya se habían realizado con anterioridad por el propio personal de la Secretaría General de Gobierno.
De hecho, el reglamento publicado para Baja California es prácticamente idéntico al decretado a nivel federal en octubre de 2012 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Puedes leer aquí el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja California
Y aquí el Reglamento de la misma ley a nivel federal
Por medio de una solicitud de transparencia realizada por Punto Norte a la Oficialía Mayor del gobierno estatal actual para obtener “los informes o evidencias” de lo realizado por el despacho contratado, la dependencia manifestó por medio de un oficio que tras “una exhaustiva búsqueda en los archivos de esta Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas” solo dio cuenta del contrato bajo el número 01-30-1719.
Dehoyosgate
El 4 de mayo de este año, Gustavo de Hoyos se presentó ante medios de comunicación a nivel nacional para “exigir” una investigación en el caso del hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien vendió 20 ventiladores respiratorios en un 1 millón 550 mil pesos cada uno durante la pandemia por Covid-19 a la delegación del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Hidalgo.
Acusó de sospechas de corrupción y de tráfico de influencias dentro del gobierno federal.
El líder empresarial señaló que el no haber licitado la compra de los ventiladores en medio de la contingencia sanitaria evitó obtener “mejores precios” y calificó la adquisición como “un procedimiento de adjudicación directa”.
Respecto a la compra que realizó el IMSS, de Hoyos criticó sobre el hijo del funcionario “el empresario tuvo la fortuna de ser proveedor del IMSS… sin que mediara un proceso de licitación de por medio”.
La misma “fortuna” tuvo de Hoyos con el gobierno de Kiko Vega para hacerse de 4 millones de pesos, pero no por ventiladores sino a cambio de “servicios profesionales”.
En el contrato firmado por el líder de Coparmex, el gobierno panista justificó no licitar entre varios despachos los servicios contratados pues “dentro del gobierno del Estado se establece que no existen trabajos sobre la materia y no cuenta con personal adscrito que realice funciones semejantes de ahí que (se) justifique porqué opta por la adjudicación directa del presente contrato”.
En realidad, el gobierno estatal cuenta con una subsecretaría jurídica y otra de asuntos legislativos.
El monto entregado a de Hoyos prácticamente hubiera alcanzado para comprar 3 ventiladores respiratorios en medio de la crisis sanitaria e incluso al sobreprecio que denunció públicamente el mismo líder empresarial.
Lee la investigación completa aquí
