Esta semana, la Secretaría de Energía (Sener) llevó a cabo políticas que provocaron un freno en los proyectos privados de energías renovables y a su vez, fortaleció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La dependencia encabezada por Rocío Nahle publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, operado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

La política expone que los proyectos de energía en México no sólo serán para las energías renovables, sino que serán en todos los rubros como energía eléctrica y petrolera.

En ese sentido, diversos especialistas señalaron que la política de la Secretaría de Energía busca fortalecer las industrias energéticas del país y 'no caer' en la presión de las industrias transnacionales.

Ante la ola de críticas por esta política, la dependencia federal justificó el acuerdo para evitar sobrecargas en la Red Nacional de Transmisión, así como afectaciones en la tensión, frecuencia, potencia e interrupciones del servicio.

Con este acuerdo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implementó una serie de medidas atentan las inversiones y operación de plantas eléctricas solares y fotovoltaicas.

La CFE, en su carácter de transportista y distribuidor, tendrá una participación proactiva con base en las mejores prácticas operativas”.

La política se resume en que el operador eléctrico que dirige Alfonso Morcos tenga la facultad de rechazar estudios de interconexión de centrales renovables.

"Los 169 activos solares y eólicos que serán impactados suman casi 25,000 millones de dólares en inversión en 25 estados del país y representan casi 78,000 empleos directos en manufactura, construcción, operación y mantenimiento", agregó la Sener en los comentarios del proyecto de acuerdo en la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer).

Hace unos días, el pasado 12 de mayo, el proyecto de acuerdo fue rechazado por la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer) para su publicación en el DOF ante la falta de análisis de impacto regulatorio, pese a ello, tres días después, fue publicado.