Por utilizar recursos públicos para conseguir el registro como candidato presidencial en 2018, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, podría enfrentar un juicio político.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el procedimiento con el que el Congreso de Nuevo León intentó sancionarlo por diversas irregularidades detectadas al recolectar firmas para su campaña presidencial.
Los ministros determinaron que hubo una invasión de competencias, lo que significa que, si los legisladores locales quieren ir por un juicio político contra el gobernador, se debe hacer conforme a los procedimientos marcados por la Constitución.
La Corte apuntó: “El Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar al titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel Constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza”.
Fue el Congreso de Nuevo León quien armo dicho procedimiento a petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), organismo que ratificó en varias ocasiones que se debe sancionar a Rodríguez Calderón por haber utilizado recursos públicos para juntar firmas ciudadanas con las que el político obtuvo la candidatura en 2018.
“Se deja a salvo esa facultad para que, de estimarlo oportuno, el Congreso local regularice el proceso de atribución de responsabilidades que ordenó la Sala Regional Especializada del TEPJF, bajo los lineamientos expresados en esta resolución, tomando como base el sistema de responsabilidad política“, expuso la Corte.
