Durante el periodo de 2016 a 2018, las organizaciones criminales de alto impacto que operan en el país, generaron ganancias de más de un billón de pesos.

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México existen 19 grandes grupos delincuenciales, de los cuales dos tienen carácter supranacional: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto, acusó que la delincuencia organizada es la principal amenaza de seguridad en materia de lavado de dinero, por lo que uno de los ejes principales para combatirla es el ataque a sus estructuras financieras.

Al revelar el informe sobre Evaluación Nacional de Riesgos y Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, destacó que en la administración pasada, 8 organizaciones regionales crecieron. Entre éstas destacan el cártel de la Unión Tepito, en la Ciudad de México, y Los Guerreros Unidos, en Guerrero.

“Durante la última administración federal vimos el crecimiento de ocho organizaciones de carácter regional: el Cártel de la Unión Tepito y el Cártel de Tláhuac, en la Ciudad de México; Los Viagras, en Michoacán, y el Cártel del Noroeste, en Tamaulipas, además del Cártel Independiente de Acapulco, Los Rojos y Los Guerreros Unidos, en Guerrero, entre otros”, dijo Santiago Nieto.

Al recordar que son 19 organizaciones de alto impacto, dos de ellas de carácter supranacional, los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Pacífico. Éstas han generado ganancias estimadas en más de un billón de pesos, informó Santiago Nieto.

“Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República, incluyendo el número de denuncias, entre otras instancias de la UIF, se presenta un monto estimado de un billón de pesos entre 2016 y 2018 de ganancias de los grupos delictivos”.

En este sentido, el funcionario indicó que la estrategia para combatirlos camina sobre cinco ejes: combate a los sicarios y líderes de los cárteles; atacar sus estructuras financieras para su expansión; combate a la corrupción política en los ámbitos locales, así como el hacer frente a la protección jurídica y policiaca, y, finalmente, el disolver la protección que muchas veces tienen de su base social.