Los divorcios en México cada vez son más comunes; sin embargo, tras superar la etapa de confinamiento causada por la pandemia de coronavirus, podrían dispararse los casos en 2021, de acuerdo con una especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Alejandra Macías Estrella, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, destacó que por cada 10 matrimonios que se celebran en la Ciudad de México, se registran cuatro divorcios, cifra que podría aumentar considerablemente en 2021.
La especialista destacó que de 1994 a 2018 el número de divorcios de tipo administrativo se incrementó de 5 mil 436 a 13 mil 968; mientras que los judiciales de 16 mil 866 a 121 mil 636.
En ese sentido, la docente de la Máxima Casa de Estudios de México reveló que en 2008 se realizaron reformas en materia de divorcio judicial en el que se puede solicitar un divorcio por los dos o por uno, pero con la aprobación del otro.
“Sin embargo, en México hicimos una mala copia de este artículo, dejándolo en nuestro Código Civil como que si un divorciante desea unilateralmente promover el juicio de divorcio, se podrá dar”, precisó.
Indicó que el divorcio administrativo debe tramitarse ante el Juez del Registro Civil. Para llevarse a cabo ambos cónyuges lo deben convenir, estar casados por separación de bienes, que la mujer no se encuentre embarazada, tampoco tener hijos en común y que ninguna de las partes requiera alimentación.
De acuerdo con la especialista en materia de derecho, dentro del divorcio judicial existen dos subtipos: el incausado unilateral, promovido por uno de los cónyuges ante un Juez de lo Familiar.
Se tramita mediante solicitud acompañada de una propuesta de convenio y con pruebas que respalden su contenido.
A su vez, el incausado bilateral se realiza cuando la petición la formula la pareja ante el Juez de Oralidad Familiar, quien finalmente dicta sentencia, solicita al Juez del Registro Civil la anotación correspondiente en el Acta de Matrimonio y se procede a declarar la disolución.
Finalmente, la especialista señaló que con las reformas podría tener ventajas para terminar rápido con este proceso legal que puede traer secuelas económicas y emocionales si se aplaza con el tiempo.
“Esto puede tener algunas ventajas, como poner fin a procedimientos interminables; en caso de violencia intrafamiliar es un proceso rápido y no se da confrontación por este tema”, aseveró la universitaria.
