El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, propuso al pleno de la Comisión Permanente una iniciativa que reforma la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, para impedir el recurso de amparo con fines políticos.

“El objetivo es que el amparo deje de usarse políticamente, no que no haya amparos, sino que la suspensión se limite en tres grandes materias: áreas estratégicas de la economía nacional, bienes del dominio directo de la nación y planeación nacional del desarrollo”, señaló en un comunicado.

De acuerdo con el legislador, desde el inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la suspensión o los juicios de amparo se han empleado frecuentemente por la oposición para obstaculizar acciones prioritarias del Gobierno Federal, y “que afectan gravemente el interés social”.

“Ejemplo de ello son los amparos en contra de los actos de aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, contra la construcción del Aeropuerto Internacional Santa Lucía, la orden de detención del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y contra la Ley Federal de Austeridad Republicana”, sostuvo.

Además, agregó el legislador, se utilizaron contra la incorporación de los miembros de la Policía Federal a la corporación Guardia Nacional, contra actos de aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica y contra los proyectos de la refinería de Dos Bocas y El Tren Maya.

En este sentido, aseguró que, aunque los casos anteriores se refieren a la administración del presidente López Obrador, es muy posible considerar que el uso y abuso en la promoción y concesión de la suspensión ligada al amparo se haya realizado en sexenios anteriores.

“Asimismo, la suspensión ha tenido lugar en otros mecanismos de control constitucional, como las controversias constitucionales, en donde actores legitimados y que son opuestos al gobierno en turno promueven amparos por considerar que sufrían afectaciones a sus intereses”, afirmó.

A este respecto, el legislador morenista aseguró que aunque la suspensión en sí solo es una medida preventiva provisional, en los hechos se convierte en una herramienta que anula y obstaculiza de manera relevante, y “cuesta muchísimo dinero mantener paradas las obras”.

Por ello, apuntó el diputado federal que su propuesta legislativa “busca preservar el interés social por encima del interés particular”.