Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue señalada de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” cometidos por las autoridades en las estaciones migratorias.
En su carácter de presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la ombudsperson fue acusada de no cumplir con sus obligaciones “en materia de derechos humanos, particularmente de prevención de la tortura y otros malos tratos”.
Al promover una demanda de amparo para que se garantizara el suministro básico de agua en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) denunció la omisión de Piedra Ibarra en las visitas de inspección en estos centros, a fin de constatar las condiciones en que se encuentran los extranjeros privados de su libertad.
“Es necesario que la actuación de dicho órgano multidisciplinario incida positivamente en el combate efectivo y la prevención de la tortura y los malos tratos en el país. Considerando que estas violaciones a derechos humanos son sistemáticas y generalizadas, es crucial el cumplimiento de sus obligaciones, pues tiene alcance nacional”, enfatizó.
Miguel Ángel Galarza, destacó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con “amplias facultades” para realizar visitas de inspección, “de forma permanente y sistemática”, a las estaciones migratorias.
“Como ninguna otra institución u organización cuenta con amplísimas facultades, no solo para ingresar sin previo aviso a los centros de detención, sino también para acceder a sus archivos y registros”, subrayó al remitir al artículo 58 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Además, abundó, el reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establece que también deberá presentar quejas “y hará del conocimiento de las autoridades competentes cuando esté ante un posible caso de tortura o malos tratos”.
La Defensoría Pública sostuvo que si Rosario Piedra, como máxima autoridad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es omisa en sus obligaciones, las consecuencias que se “acarrean” son graves.
“De cumplir con sus obligaciones, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura puede convertirse en un verdadero garante de los derechos de las personas privadas de libertad”, recalcó.
El asesor jurídico público destacó que tratándose de personas que se encuentran en centros de detención, “al carecer de las garantías básicas para asegurar derechos civiles, económicos, sociales y culturales, surge un riesgo cierto de que se vulneren otros derechos, como el de la integridad física y a ser tratada con dignidad”.
Aunque Rosario Piedra negó estas acusaciones, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Francisco Rubín de Celis Garza, dio la razón en estos señalamientos al IFDP.
“La autoridad responsable presidenta de la CNDH, en su carácter de presidenta del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, por conducto de quien la representa, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama".
