Con 66 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó un proyecto para imponer hasta 16 años de prisión a quien transporte, comercie, distribuya, compre, almacene, resguarde o transforme materias primas forestales o productos forestales maderables de forma ilegal.
La reforma a diversos artículos del Código Penal Federal busca actualizar y aumentar las sanciones a quienes realicen conductas en contra de áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal.
La propuesta establece una pena por tala de árboles de seis a nueve meses de prisión y de cien a tres mil días de multa.
Además, aumenta de tres a 12 años de prisión en los casos en que se empleen armas de fuego u otros medios de violencia para la comisión del delito de tala ilegal. De acuerdo con el proyecto, esta pena se incrementará cuatro años más cuando se trate de un área protegida.
“A quien sin que exista acto administrativo que lo autorice o no cuente con la documentación que acredite la legal procedencia”, y cuando el volumen no exceda de dos metros cúbicos, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de hasta tres mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”, agrega el documento.
El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.