El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, descartó que el inmueble en donde laboraban los siete jóvenes desaparecidos en Zapopan, funcionara como un call center, por lo que no se descarta que estuviera ligado a operaciones ilícitas, de acuerdo con los elementos hallados por la Fiscalía del Estado.
“Todos los elementos de los que disponemos hasta ahora indican que no se trataba de un call center, sino de un centro de operaciones de otra naturaleza. Adicionalmente, esta mañana tuve comunicación con la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, al existir la posibilidad de que en este caso haya delitos del ámbito federal, particularmente en el tema fiscal”, indicó el mandatario.
Señaló que la prioridad es localizar a las personas desaparecidas, por lo que se ha desplegado un operativo con personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y de la Fiscalía estatal.
La Fiscalía del Estado informó que, al realizar un cateo en la primera vivienda involucrada en el caso, ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines Vallarta en Zapopan, se encontraron documentos diversos, mariguana, un trozo de tela con mancha rojiza, pizarrones con anotaciones de nombres de personas extranjeras, anotaciones de membresías o tiempos compartidos, metas económicas a lograrse y una operación al margen de la ley, ya que no contaba con licencia comercial.
En el segundo cateo realizado en una finca de la calle Johannes Brahm, en la colonia La Estancia, en Zapopan, se aseguraron listados de nombres y datos de contacto, pizarrones con nombres de personas extranjeras y metas económicas, una máquina para contar billetes; discos duros y memoria USB, equipos de cómputo que en su mayoría presentaban ausencia del CPU, diversas identificaciones, tarjetas departamentales, así como anotaciones de diálogos prediseñados en inglés para hacer abordaje telefónico a personas extranjeras.
De acuerdo con investigaciones, el caso podría estar vinculado con las empresas ilegales que fueron señaladas el pasado 27 de abril del año en curso por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las cuales realizaban fraudes a través de la venta de tiempos compartidos en inmuebles de Puerto Vallarta, afectando con dichas transacciones a personas de la tercera edad en retiro o jubilación de nacionalidad estadounidense.
Además, se determinó que uno de los desaparecidos y el abogado que realizó las labores de arrendamiento de la finca de Jardines Vallarta tienen antecedentes de fraude.
