El 28 de febrero de 2025, el Gobierno de México entregó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto perfil, entre ellos figuras como Rafael Caro Quintero y los fundadores de Los Zetas.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, justificó esta acción al revelar que existía el riesgo de que estos individuos fueran liberados o que sus procesos de extradición se retrasaran debido a acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos.
El operativo, descrito como "sin precedentes", involucró a más de 3,500 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves. Alejandro Gertz Manero, fiscal de la República, explicó que la entrega se realizó bajo el marco del artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución, considerándola una medida de seguridad nacional más que una extradición formal.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se refirió directamente a la entrega masiva de narcotraficantes, pero criticó la corrupción en el Poder Judicial, calificándola de "aberrante y ofensiva". Destacó la importancia de la reforma judicial que permitirá la elección popular de jueces, magistrados y ministros, considerándola una "bendición" para México.
Esta acción refleja la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y subraya la determinación de ambos países para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la región.