Al menos tres exfuncionarios de la administración del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, fueron detenidos la mañana de este sábado por diversos delitos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entre los detenidos se encuentra Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas y Administración, quien fue capturado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), según el Registro Nacional de Detenciones.
Junto con él, también fueron aprehendidos Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exdirectora de Catastro.
De acuerdo con información de Latinus, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Maldonado Mendoza y a Delgado Murillo por presuntamente autorizar la entrega de 4 millones de pesos para una obra pública en Zitácuaro, sin que exista evidencia de su realización.
Las autoridades también esperan una orden de aprehensión contra el exgobernador Aureoles por el presunto delito de peculado. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido comunicados oficiales sobre los cargos específicos que enfrentan los detenidos.
Silvano Aureoles gobernó Michoacán entre 2015 y 2021, siendo el último mandatario estatal emanado del PRD. Durante su trayectoria política, tuvo desencuentros con su partido tras apoyar en 2018 al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, lo que casi derivó en su expulsión.
En 2023, intentó obtener la candidatura presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD, pero finalmente se sumó a la campaña de Xóchitl Gálvez en 2024. Posteriormente, buscó una diputación por el distrito 3 de Zitácuaro, aunque fue derrotado por la candidata del Partido del Trabajo (PT), Mary Carmen Bernal.
Las detenciones de los exfuncionarios surgen en el contexto de denuncias presentadas por el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre presuntas irregularidades en el manejo de más de 5 mil millones de pesos durante la administración de Aureoles.
Entre las acusaciones destaca la construcción de siete cuarteles policiales en terrenos adquiridos a sobreprecio y con amenidades como un helipuerto de uso exclusivo del entonces gobernador.
Las denuncias, presentadas desde 2022, implican posibles delitos como enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Las investigaciones continúan en curso, mientras se esperan más detalles sobre el proceso legal en contra de los implicados.
