El Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido que los gobiernos federal, estatales y municipales, así como cualquier institución o funcionario público, tienen prohibido utilizar recursos públicos para promover la participación ciudadana en la próxima elección judicial programada para el 1 de junio. Esta medida busca garantizar la equidad e imparcialidad en el proceso electoral.
A propuesta del consejero Arturo Castillo, el INE aprobó lineamientos que impiden a las autoridades crear espacios para difundir perfiles de candidaturas o fomentar la participación ciudadana en los comicios.
Castillo argumentó que la promoción del voto es una facultad exclusiva del INE, conforme al artículo 134 constitucional, que prohíbe el uso de recursos públicos para fines distintos a los institucionales.
El consejero Uuc-kib Espadas precisó que, durante la campaña electoral, los gobiernos solo podrán difundir información sobre salud, educación y protección civil.
En caso de estar interesados en fomentar la participación, podrían ceder sus tiempos oficiales al INE para que este realice la difusión de manera imparcial.
Además, el INE estableció que asociaciones religiosas y ministros de culto no podrán influir en la contienda ni utilizar sus canales de difusión para promover candidaturas.
También se fijaron límites en los contenidos de campaña y regulaciones para la realización de foros de debate.
Este proceso electoral extraordinario contempla la elección de 881 cargos federales, incluyendo magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tribunales electorales y jueces de distrito.
Un total de 3 mil 422 candidatos iniciaron campaña este 30 de marzo, y más de 100 millones de ciudadanos están convocados a participar en la votación del próximo 1 de junio.
