El Gobierno de Estados Unidos ha construido un muro de aproximadamente nueve metros de altura que cruza sobre la canalización del río Tijuana, en la frontera con México.
Esta acción ha generado preocupación entre funcionarios mexicanos y expertos, quienes señalan que viola tratados internacionales y podría provocar inundaciones catastróficas en el centro de Tijuana y en San Ysidro, del lado estadounidense.
La estructura, que incluye compuertas de acero operadas electrónicamente para permitir el flujo del agua, fue diseñada para que agentes de la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) patrullen la zona.
Sin embargo, Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), ha declarado que el muro infringe un acuerdo de 1977 entre ambos países, así como otros tratados.
Según Reséndez, "los efectos de este muro serían negativos y podrían incluir inundaciones, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano".
El acuerdo de 1977 establece que cualquier obra en el cauce del río Tijuana es de competencia binacional, por lo que las construcciones en el canal debieron ser consultadas previamente con el Gobierno de México.
El río Tijuana, de 195 kilómetros de longitud, fluye entre México y Estados Unidos, ubicándose entre el estado de Baja California y el sur de California.
Víctor Clark Alfaro, antropólogo y director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, calificó la situación como "un tema complejo" que el Gobierno mexicano debe atender, ya que implica acuerdos internacionales que Estados Unidos no está respetando y que podrían tener repercusiones en Tijuana.
Clark Alfaro subrayó que "estamos hablando de un tema que tiene que ver con implicaciones no solo ambientales y sociales, pretendiendo frenar la migración, sino también políticas porque implica la aceptación y confirmación del Gobierno de México".
Fuentes cercanas a la CILA en México indican que las autoridades mexicanas estaban al tanto del proyecto desde sus inicios y que, aunque la comisionada ha expresado su oposición durante años, no se ha tomado acción alguna.
Estas fuentes cuestionan el impacto que la construcción del muro, que también funciona como puente, podría tener en el ecosistema de la región y la permisividad del Gobierno de México en su desarrollo, a pesar de los tratados y la oposición de organismos y actores políticos en Estados Unidos.
