Investigadores de la UNAM alertaron que este año podría registrarse la mayor llegada de sargazo en la historia reciente del Caribe mexicano, comparándose e incluso superando el récord de 2018.

El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida estima que hay hasta 37.5 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico, y algunos satélites indican hasta 40 millones, casi el doble de lo visto en 2018.

Investigadores de la UNAM proyectan que al menos 10% de ese total—alrededor de 400 000 t—llegará a la costa caribeña, con posibles recales de 100 000 t solo en el Caribe mexicano.

Brigitta I. van Tussenbroek, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, advierte que el sargazo bloquea la luz, altera química del agua y provoca la muerte de pastos marinos fundamentales para la vida marina y la protección costera.

Leticia Durand Smith, investigadora del CRIM, agrega que la "marea marrón" reduce hasta un 50% el oxígeno, disminuye un 30% la luz y eleva la materia orgánica, generando gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno y amoniaco.

También se ha documentado una mortalidad del 90% de corales en algunas zonas, un debilitamiento de arrecifes y pérdida de playas ante la acelerada erosión.

Julio y agosto serán los meses más críticos, según predicciones satelitales del sistema de la UNF, que monitorea las corrientes de sargazo a través del Atlántico.

Ante ello, autoridades (Semarnat y Semar) activaron la Estrategia de Atención al Sargazo 2025, que incluye monitoreo por satélite, instalación de barreras flotantes y recolección en alta mar previa a su llegada a la playa.

Además, se proyecta la construcción de plantas de tratamiento para convertir el alga en biogás, impulsada en colaboración con Quintana Roo.

El retiro manual o mecanizado del sargazo puede costar más de 1 millón de dólares por kilómetro de playa anualmente.

Aunque existen iniciativas para aprovechar el alga (como fertilizantes o ladrillos), los altos costos logísticos dificultan su viabilidad.

La acumulación de sargazo en 2025 representa una amenaza sin precedentes que pone en jaque ecosistemas marinos, turismo y salud pública en el Caribe mexicano.

La UNAM y la USF han identificado cifras históricas, mientras que autoridades federales y estatales implementan acciones de contención.