Los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización, harán trabajar horas extras al OFS.

Durante la sesión de la Comisión Inspectora exigieron al organismo encargado de revisar las cuentas públicas de informar sobre los retrasos en la sustentación jurídica de 223 cuentas públicas.

Los diputados pidieron por unanimidad al auditor del OFS un reporte preciso de las cuentas públicas que están en sustanciación.

Con fecha de corte al 5 de abril de este año, hay 223 cuentas públicas de las que el OFS no hay sido substanciadas.

Una del año 2006, 76 del año 2007, 110 del año 2008 y finalmente 36 del año 2009.

Es decir, son cuentas públicas a las que se elabora el proyecto de resolución o proyecto de acuerdo, de erradicación y citatorio.

Además, durante la Sesión de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, los legisladores revisaron el programa de dictaminación de 96 cuentas públicas.

En otro orden de ideas, la próxima semana iniciará el minucioso análisis de las cuentas públicas 2010 de los 217 ayuntamientos y de los Poderes del Estado.

Por si fuera poco, los diputados presentaron una solicitud al OFS para que aclare los proyectos de acuerdo con las erradicaciones y citatorios para implementar la actualización de aquellas cuentas publicas anteriores al año 2009 como Atempan, Calpan, Cañada Morelos, Chalchicomula, Chinautla y Chietla, por citar sólo algunos ejemplos que se encuentran a esta fecha, señaló el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña.

Asimismo, hubo otra exigencia para la tardanza del OFS.

Se presentó un análisis de dictaminación de las cuentas públicas de julio de las cuales 96 no han remitido un solo informe de resultados. Este hecho retrasa el trabajo en comisión, por lo que el OFS dijo que a más tardar en un plazo de tres días hábiles entregará la información.

El otro punto álgido de la sesión fue una acusación contra el OFS por una supuesta filtración de pliegos de observaciones de la cuenta pública 2010 del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, el cual estuvo presidido por Rafael Moreno Valle Buitrón.

El auditor exoneró al organismo a su cargo. Entregó a los diputados un estudio en el que asienta que no procede ninguna acción legal en contra de algún funcionario del Órgano de Fiscalización, de acuerdo con el estudio realizado por el Área Jurídica y el Comité de Seguridad de la Información del propio OFS.

Sin embargo, los diputados no avalaron el resultado de la investigación de Hernández Quintana. Por el contrario, solicitaron tiempo para analizar el estudio. El informe presentado por el auditor, luego de las acusaciones de filtración de información sobre las observaciones a la cuenta pública del Fideicomiso de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, será revisado de manera exhaustiva en la próxima reunión de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, con el propósito de que los diputados expresen sus dudas y den su opinión sobre los responsables de la filtración en dicho organismo de información sensible.

Posteriormente, los legisladores analizaron el caso de la posible destitución del presidente municipal de Tlatlauquitepec, acordando solicitar al Órgano de Fiscalización el expediente del presidente municipal, así como un informe de la Contraloría Municipal y del Instituto Estatal Electoral, a fin de estar en posibilidades de tener los elementos necesarios para dar una solución al asunto.

Mario Riestra Piña, presidente de la Comisión Inspectora, afirmó que la comisión se conducirá apegada a la transparencia.

El legislador local invitó a los diputados interesados en los asuntos que desahoga la comisión a asistir a las sesiones de dicha comisión para conocer de los asuntos.

El diputado Riestra afirmó que prevalecerán los criterios técnicos ante los políticos respetando la facultad normativa de la comisión.

En la tablita, alcalde de Tlatlauquitepec
Diputados de la Comisión Inspectora se reunieron con el auditor para analizar la revocación de mandato del alcalde de Tlatlauquitepec.

Por unanimidad los legisladores le pidieron al auditor Víctor Hernández Quintana que entregue todo el expediente completo tanto del OFS como de la contraloría estatal y del IEE en un plazo no mayor a tres días hábiles del alcalde.

Los diputados se comprometieron para que no vulneren las garantías individuales del alcalde en cuestión.