Integrantes de diversos colectivos solicitaron al presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría y al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla, Juan Carlos Espina Von Roherich, que destraben la propuesta para que se reconozca el tipo penal de “desaparición forzada” en las leyes del estado de Puebla.

El 30 de mayo de este año, organizaciones sociales presentaron un conjunto de argumentos jurídicos para que se reconozca este tipo penal.

El pasado 10 de junio, el pleno turnó un punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación para su análisis y discusión.

Hasta la fecha no se ha dictaminado dicha propuesta de reconocimiento.
En la mayoría de los casos de desaparición forzada no existen rastros visibles de la víctima y los que existen son borrados.

Asimismo, en los medios de comunicación masiva estos casos se omiten o se les da un tratamiento de "nota roja".

Al respecto, las organizaciones, entre otras el Frente Nacional por la Lucha al Socialismo (FNLS) y el Frente de Organizaciones, Sindicales, Sociales, Campesinas y Estudiantiles del Estado de Puebla, externaron su preocupación por la lentitud con que el Congreso actúe en este sensible rubro:

Como parte del día Internacional del Detenido, Desaparecido, con una campaña a nivel nacional las organizaciones señalaron su preocupación por este delito de extrema gravedad, por la crueldad que implica y por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede.

 “Como legisladores tienen la responsabilidad de crear los mecanismos necesarios para contribuir a evitar que se cometan este tipo de hechos considerados en el marco internacional como crímenes de lesa humanidad”, señaló el FNLS en una rueda de prensa.

Además, de acuerdo a la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril del 2001 y depositada en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, el 4 de septiembre del 2002, tipifica así ese grave delito.

La molestia
“Es preocupante la actitud dilatoria por parte del Congreso del estado, toda vez que en nuestro país se han documentado más de cinco mil casos de desaparición forzada bajo el pretexto de la 'guerra contra la delincuencia organizada', donde los responsables son efectivos de instancias policiaco-militares.”