En un golpe de timón sorpresivo, el aborto en Puebla no será causa de prisión, luego de que el gobernador Rafael Moreno Valle envío una reforma de ley apoyando una propuesta del mismo arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinoza.

Aunque oficialmente no se despenalizará el aborto en Puebla, prácticamente no tendrá un castigo considerado fuerte —como la prisión—, como pide la propuesta, pero la misma es contraría a una promesa de campaña del ahora gobernador.

Incluso apenas en septiembre pasado, diputados locales panistas afirmaron que no habría cambios a la ley que penalizaba con cárcel a las mujeres que se atrevieran a abortar, pero el gobernador emanado del PAN busca no haya prisión contra quienes no quieran tener bebés.

Mientras tanto, desde que comenzó la administración del gobernador Moreno Valle, nueve mujeres están procesadas por abortar, según un informe de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) entregado a Intolerancia Diario mediante Acceso a la Información.

En ese marco, el gobernador Rafael Moreno Valle, en un desafío al Yunque, panistas y grupos moralistas, propuso al Congreso local reformar el Código de Defensa Social para eliminar la pena corporal a las mujeres que practiquen el aborto.
 
La promesa
El 11 de mayo del 2010, en plena campaña electoral, Rafael Moreno Valle —entonces candidato a gobernador por Compromiso por Puebla— advirtió que de llegar a Casa Puebla no despenalizaría el aborto ni su práctica en hospitales del estado.

Ese día en una visita a la UPAEP, Moreno Valle indicó ante estudiantes que se encuentra a favor de la vida desde su concepción y por lo tanto no acepta la interrupción de embarazos en ninguna circunstancia, consta en notas periodísticas.

“Mientras sea gobernador no voy a permitir abortos, existe ya la ‘Ley de la Familia’ (…) Estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la familia”, manifestó entonces ante los estudiantes de la universidad.

Ahora propone a cambio de la pena de cárcel se brindaría ayuda psicológica a las mujeres que decidan posponer su embarazo, a diferencia de la pena de cárcel que fue aprobada en 2009, ley apoyada sobre todo por el Partido Acción Nacional (PAN).

En caso de aprobarse la reforma, una mujer que aborte en Puebla tendría como pena un tratamiento médico en instituciones públicas y una multa de 50 a 500 días de salario mínimo, o trabajo en favor de la comunidad de 80 o 250 jornadas.

Sin embargo, la propuesta no quita del todo la pena de cárcel, sino también añade que quien caiga por segunda vez en el aborto o reincida será sometida al tratamiento médico, además de cumplir una sanción de 6 meses a un año de prisión.

Según organismos no gubernamentales (ONG), en Puebla se practican al menos 800 abortos clandestinos al año, datos recabados de hospitales donde llegan mujeres en mal estado.

La cifra podría duplicarse fácilmente, ya que otro número igual de mujeres se practican abortos clandestinos exitosos, por lo que se puede hablar que en Puebla cada día tres mujeres realizan una operación para perder a su bebé.
 
El no legislativo
En septiembre, en el estado de Puebla se veía lejana la posibilidad de reformar las leyes de aborto ante la postura de las diferentes bancadas del Congreso local. La controversia surgió sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de las reformas legales en Baja California y San Luis Potosí que criminalizan el aborto. En esos días, el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, descartó la posibilidad de reabrir el debate sobre la despenalización del aborto en Puebla, incluso indicó que hay temas más importantes.

“Nosotros no hemos revisado la posibilidad de abrir este debate. Es algo que tendremos que analizar, pero traemos muchos temas prioritarios en este momento.”

Asimismo, por las mismas fechas el coordinador de la bancada panista Mario Riestra, aclaró que la despenalización del aborto no se contemplaba en las agendas de los partidos políticos. Reiteró que la postura ideológica del PAN ha sido y será siempre en favor de la vida, por lo que serían respetuosos de la resolución tomada por la SCJN.

Por su parte, el diputado local del PRD Erick Cotoñeto Carmona, mencionó que su bancada legislará para que en Puebla se legalice.

“Hemos dicho que debe ser una consulta ciudadana, una consulta donde puedan participar exclusivamente las mujeres; las mujeres son las que deben decidir esa parte de cómo legislar la despenalización del aborto porque es más un tema de ellas que de nosotros.”

Finalmente, el líder de la bancada priista en el Congreso local, José Luis Márquez Martínez mencionó que a su debido momento se abordará el tema, pues dijo es muy complejo y se debe poner especial atención.

“Las averiguaciones”
Intolerancia Diario solicitó mediante la Ley de Acceso de Información el número de averiguaciones abiertas y órdenes de aprehensión giradas contra mujeres que practicaron el aborto desde el mes de febrero al 30 de septiembre de 2011.

Se pidió a la PGJ detallar cuántas de estas órdenes han sido cumplimentadas y los municipios donde se abrieron, así como las edades de las inculpadas.

En respuesta, la dependencias informó que son nueve las averiguaciones previas abiertas contra el mismo número de mujeres, cinco de ellas en el municipio de Puebla, dos más en Ciudad Serdán, así como una en el distrito judicial de Acatlán y otra en Tehuacán.

Entre las acusadas por practicarse aborto se encuentra una menor de apenas 14 años de edad, otra joven de 18, una más de 19 años, así como oras de 26 y 36 años, señaló la dependencia sin dar más detalles.

Respecto a las órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, la PGJ respondió: “Hacemos de su conocimiento que no existen en los registros de esta institución durante el periodo solicitado”. A principios de agosto de 2009, se dio el primero caso controvertido de la ley, luego que una joven presuntamente se indujo un aborto y fue consignada ante un juez por el delito.

Ahora en Puebla, versiones extraoficiales señalan que existen 21 mujeres procesadas y nueve consignadas por interrupción del embarazo; en al menos dos casos había causales para justificar el aborto, sin embargo el desconocimiento llevó a estas dos mujeres a reconocer un delito que no cometieron y a pagar una sanción.

Ante la controvertida ley en Puebla, 115 poblanas presentaron sendas solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, que dicen vulnerará sus derechos inclusive de la anticoncepción.

Su representante, Brahim Zamora Salazar, explicó que son amparos indirectos contra la “reforma Bailleres”, ya que aún no existe una violación directa.

“Ahora esta ley dice que la vida empieza en la concepción y por lo que la pastilla y el DIU desechan el ovulo fecundado, evitan que se instale en el útero, ¿entonces estos van a ser ilegales?”, cuestionó.

Uno de los casos fue el de Guadalupe Luna, de 20 años de edad, quien tuvo dificultades con su embarazo de cinco meses al presentársele una fuerte hemorragia que fue atendida en el hospital regional del IMSS de Tehuacán. Horas más tarde abortó.

Sin embargo, el Ministerio Público le inició el proceso 98/2011/TH, acusada del delito de aborto que es penalizado con hasta seis años de cárcel sin derecho a fianza, como lo establece el Código de Defensa Social de la entidad.

Guadalupe Luna omitió contar a los médicos que la atendieron que utilizó tres pastillas de un fármaco controlado por el sector salud que provocó las contracciones que terminaron por expulsar el embrión.

Los médicos detectaron la utilización de abortivos, por lo que dieron parte al Ministerio Público y fue detenida la joven, quien desde entonces estuvo convaleciendo custodiada por policías, enfermeras y médicos.

Guadalupe confesó haber comprado el medicamento, ya que decidió interrumpir su embarazo porque su pareja se negó a apoyarla, argumento que carece de efectos legales en el estado.

Iglesia, a favor
Apenas en septiembre, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa se pronunció por quitar la pena carcelaria a mujeres que abortan en Puebla y cambiarla por tratamientos médicos, psicológicos y atención “espiritual”.

“(…) hay que darle seguimiento a la persona que en este caso abortó porque si llegó a extremo, pues fue por algo, ¿no? Y hay que darle un acompañamiento en todos los aspectos: médico, psicológico y espiritual, porque es una persona que sufre mucho.”

—En Puebla y varios estados hay una pena para quienes abortan, ¿qué se debería hacer entonces, en lugar de meter a las mujeres que deciden abortar a la cárcel?

—Yo lo que decía es que hay que buscar la forma de dar acompañamiento a estas personas. Yo hablaba de una permuta (en vez) de criminalizar a una persona que llega a esta situación por un seguimiento, un acompañamiento médico, psicológico para ayudar a esta persona a salir de esta situación.

—¿Se les tendría que imponer un trabajo social obligado?

—Alguna cosa parecida.

—También se ha dicho que el castigo a las mujeres que abortan es sexista, porque se deja a los hombres a salvo de cualquier responsabilidad.

—Eso es otra cosa, (también hay que) ver la culpabilidad de estas personas, en este caso del hombre.