El legislador del Partido Verde Ecologista de Puebla, Elías Abaid Kuri, señaló que es indispensable subsanar los fracasos en la política alimentaria en el país, por lo que Puebla debe fomentar la soberanía alimentaria a través de la producción de traspatio y el autoconsumo.

Asimismo, afirmó que las políticas de alimentos han fracasado porque no ha existido un enfoque integral para resolver esta necesidad: “Una de las razones fundamentales de este fracaso ha sido que ninguno de los compromisos fue acompañado con políticas, estrategias e inversiones de apoyo a la pequeña agricultura que sustenta gran parte de la alimentación en el mundo. Efectivamente, en los últimos 30 años se ha ido reduciendo el apoyo a la pequeña agricultura y a la producción agroalimentaria en los países en desarrollo.”

No pretendemos —explicó—minimizar los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal, sino que se debe alertar que ante los eventos socioeconómicos mundiales, así como temas de medioambiente como el cambio climático y las consecuentes tragedias ambientales a lo largo del país y de Puebla, se hace necesario pensar en políticas públicas que ayuden a paliar una eventual ruptura de la seguridad alimentaria.

En la pasada sesión del Congreso local, Abaid Kuri resaltó que ante la necesidad de mantener una verdadera soberanía alimentaria en Puebla, las Comisiones de Desarrollo Rural y de Educación, Cultura y Deporte analizarán el exhorto para que las secretarías de Educación Pública y la de Desarrollo Rural del estado, elaboren y distribuyan entre los alumnos y padres de familia un manual de producción de traspatio y autoconsumo que considere como mínimo especies a producir, ubicación, época del año y disponibilidad de agua.

Sanciones más severas
La Comisión de Gobernación estudiará la Iniciativa de Decreto que propuso el diputado Jesús Ricardo Morales Manzo (PVEM), por el que se reforman diversos artículos del Código de Defensa Social para el Estado, mediante el cual se propone duplicar las penalidades que se imponen para sancionar conductas delictivas contra las y los adultos mayores tales como violación, violencia intrafamiliar, amenazas, allanamiento de morada y privación ilegal de la libertad.