El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez, señaló que “no puede quedar en la congeladora la ley contra el lavado de dinero”, por lo que insistirá en reunir en este receso al órgano que preside con la Comisión de Hacienda para avalar esa minuta enviada por el Senado de la República.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es uno de los pendientes del periodo de sesiones que recién concluyó. Esta es una legislación fundamental para el combate de ese acto ilícito y dar certeza a las actividades de índole política, con el fin de que no se “contaminen” esos recursos.
Benítez Treviño recordó que a inicios de noviembre la Comisión de Justicia avaló el dictamen para sancionar hasta con 10 años de cárcel y dos mil días de salario mínimo de multa el “lavado” de dinero; sin embargo, este debe ser avalado en Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda.

“Antes de que terminara el periodo ordinario de sesiones (15 de diciembre) yo convoqué a las Comisiones Unidas, y el secretario técnico de la Comisión de Hacienda respondió que no estaban listos y que pedían otra prórroga.”

Eso “me indica que hay poca voluntad para sacar esta ley, que es tan importante para combatir la corrupción y la introducción de dinero ilícito a las actividades financieras”.

El priista afirmó que insistirá en llevar a cabo la reunión de Comisiones Unidas, por lo que a principios de enero enviará a la Comisión de Hacienda, que preside el panista Alberto Becerra Pocoroba, un escrito para que se preparen y brinden los comentarios.

“No quiero dejar asuntos en la congeladora, sobre todo como esta (reforma) tan importante que ayudaría al país”, puntualizó el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Arturo Zamora Jiménez, vicecoordinador Jurídico del PRI en San Lázaro, comentó en su oportunidad que no se puede dar margen de acción a la delincuencia con argumentos de que el tema no se conoce a fondo cuando ha sido debatido por meses, por lo que exhortó a la Comisión de Hacienda a no dar más pretextos y sesionar.

Recordó que dicho dictamen contempla duplicar las penas en caso de que quien cometa el delito haya sido servidor público, dentro de los dos años anteriores a esto. Además, se le sancionará con inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta.

La ley establece además que será objeto de revisión a quien esté relacionado con la compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos, como joyas, relojes y obras de arte.

También quien esté relacionado con la administración y manejo de recursos y cuentas bancarias, de ahorro o de valores, además de la organización de aportaciones de capital o para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles.

La condena
El legislador Óscar Arce Paniagua, del Partido Acción Nacional (PAN), lamentó que el presidente de la Comisión de Hacienda haya “congelado” dicho dictamen y se haya pospuesto el debate y la aprobación ante el pleno de San Lázaro de esta importante reforma, que permitirá atacar al brazo financiero de la delincuencia organizada.