El consorcio español, Obrascon Huarte Lain (OHL) comenzó formalmente acciones legales contra el gobierno de Puebla, por el retiro de la concesión de la construcción y administración del Libramiento Norte, lo que calificó como arbitrario e ilegal.
La empresa indicó en un comunicado que la medida fue ilegal y unilateral, por lo que anunció han iniciado procedimientos conforme a derecho.
“El objetivo de estas acciones legales es proteger sus intereses legítimos y los de sus accionistas frente a la decisión del gobierno del estado de Puebla, que decretó el rescate de forma arbitraria, afectando los derechos adquiridos por OHL México y una inversión ya realizada de 650 millones de pesos, cifra que habrá que actualizar conforme a lo establecido en el propio título de concesión”, señala en el comunicado.
Por lo tanto, impugnó ante tribunales la decisión del gobierno estatal de cancelar la concesión, la cual afirmó fue obtenida supuestamente de manera legal en marzo de 2008.
De acuerdo a otro comunicado anterior, el gobierno de Puebla tomó una medida unilateral, por lo que anunció que protegerá sus intereses legítimos y los de sus accionistas, “en especial los que participan a través de la Bolsa Mexicana de Valores, frente a la decisión del gobierno del estado de Puebla".
En otras declaraciones, la empresa afirmó que durante los 16 meses transcurridos, desde que inició el gobierno de Rafael Moreno Valle, ambas partes habían venido trabajando conjunta y estrechamente en la liberación del derecho de vía.
Fue el 9 de mayo, cuando las secretarías de Finanzas y Administración publicaron en el Periódico Oficial el rescate de la concesión, tras detectar una serie de irregularidades, entre las cuales destacó que no haya sido producto de una licitación.
Informó OHL en su comunicado que la revocación de la concesión se produce justo cuando Moreno Valle anunció el viaducto elevado sobre la autopista México-Veracruz, en el mismo tramo previsto para el Libramiento Norte.
El gobierno de Rafael Moreno Valle canceló la concesión de 30 años que les había otorgado la administración de su antecesor Mario Marín Torres, para el diseño, ejecución y manejo del Libramiento Norte, ubicado en la autopista Puebla-México.
Días antes, el director financiero de la empresa, Enrique Weickert, afirmó que la administración estatal no había notificado sobre la decisión y que únicamente se han enterado por los medios mexicanos.
El directivo calificó como “unilateral” los argumentos y advirtió que recurrirán a instancias internacionales para exigir que se cumpla lo que se establece en las cláusulas del contrato.
El argumento de las autoridades poblanas, es que los empresarios no consiguieron a tiempo el derecho de vía, les fue retrasado el proyecto, y ahora con el cambio de gobierno se tomó la decisión de quitárselos.
