La polémica reforma al artículo 24 de la Constitución se encuentra estancada en el Congreso local. Los diputados locales, en especial los del grupo legislativo del PRI, mantienen en ascuas la decisión que pesa sobre la Comisión de Gobernación conformada por legisladores del PAN, PRI, Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. 

Integrantes de Puebla Laica se reunieron con el legislador del PRI, Gerardo Mejía Ramírez —integrante de dicha comisión—, para solicitarle que vote en contra del dictamen que emitiría el Congreso a través de esta comisión. El PAN —que está a favor de la reforma constitucional— tiene dos votos al interior de la comisión respectiva. Pero los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo que integran esta comisión se han manifestado en contra. 

Aunque la reforma no es estatal, los Congresos de los estados juegan un papel fundamental porque son los responsables de ratificar —o no hacerlo— el sentido de la reforma, que fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre del año pasado. Hasta el momento cinco legislaturas locales se han pronunciado en contra de la reforma constitucional y cuatro la han aprobado. Para que la reforma se apruebe, la mitad más uno de los Congresos locales deben haberla votado a favor.  Los Congresos de Estado de México, Hidalgo, Sonora y 
Aguscalientes aprobaron la reforma. En contra se han expresado Zacatecas, Baja California, Morelos, Michoacán y Oaxaca.

Por su parte, la Iglesia católica fijó a través de la editorial de la revista Vida Nueva su postura en favor de la libertad religiosa con su editorial “Siete razones para la vida religiosa”.  Además, ayer el obispo auxiliar de Puebla, Eugenio Lira Rugarcía, en rueda de prensa en la Catedral, descartó que la postura de la reforma al artículo 24 Constitucional vulnere el Estado laico. 

El grupo Puebla Laica, así como grupos liberales, se han opuesto a la reforma insistiendo en que vulnera los derechos religiosos de los grupos minoritarios, y atenta contra el sentido laico del Estado abriendo la puerta a posteriores adecuaciones a la ley en otros rubros como la educación y los medios de comunicación.