El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, Lauro Sánchez López, descartó que con la austeridad presupuestal que habrá para 2013 vayan a crearse impuestos estatales, e indicó que en las iniciativas que envió el Ejecutivo no se encuentra contemplada ninguna nueva carga fiscal, pero anticipó que en las leyes municipales para la zona de San José Chiapa habrá nuevas cargas.

Durante la sesión del pleno del Congreso, el legislador dijo que no hay un recorte en el presupuesto con relación al de este año y se trabajará con los recursos que se obtengan, pero además habrá rubros en los que se de una reducción que beneficiará a los ciudadanos, como reducir las cuotas de acceso a los museos. Comentó que en el análisis preliminar del documento que entregó el Ejecutivo estatal se dejó en claro que está descartada la creación de nuevos impuestos pero se ha apostado a la eficiencia recaudatoria

Asimismo, Sánchez López informó que para el caso de San José Chiapa en su ley de ingresos se aprobarán impuestos para giros que no existen actualmente en la región, pero llegarán con la instalación de la empresa Audi. Explicó que esta es una situación normal y permitirá a los municipios tener mayores recursos para brindar mejores servicios a este nuevo polo industrial

Asimismo, en la sesión Guillermo Aréchiga Santamaría, coordinador de la fracción de diputados de Nueva Alianza, demandó la aplicación de un mayor monto de recursos económicos por parte del ayuntamiento para mejorar las condiciones de al menos 22 instituciones educativas que se ubican en el municipio de Puebla.

El coordinador de la fracción en conferencia de prensa, Guillermo Aréchiga Santamaría, advirtió que la administración capitalina solo destinó 4.2 millones de pesos para el mantenimiento de escuelas, siendo que es donde se concentra el mayor número de instituciones educativas y de acuerdo al reporte algunas construcciones se encuentran en riesgo.

Dijo que es urgente que se atiendan a los más de 20 inmuebles, sobre todo cuando el municipio se encuentra en una zona sísmica y se pone en riesgo la integridad de alumnos y maestros. Aréchiga Santamaría pidió a todos los ayuntamientos que se adhieran al programa de construcción, rehabilitación, mantenimiento, habilitación y equipamiento de los espacios educativos públicos, ya que sólo 113 de los 217 municipios están en él.

“La inversión del municipio de Puebla en este tema fue de sólo 4.2 millones de pesos, durante 2012, beneficiando a sólo seis instituciones a través del programa Peso a Peso, programa que tienen el objetivo la construcción, la rehabilitación, el mantenimiento, la habilitación y el equipamiento de los espacios educativos, sin embargo sólo 113 ayuntamientos se inscribieron durante el año presente”, mencionó el presidente de la Comisión de Educación y Cultura.

De igual manera, los diputados Guillermo Aréchiga Santamaría, Héctor Eduardo Alonso Granados, Enrique Nacer Hernández y los regidores del Panal en el municipio de Puebla acordaron hacer un llamado al gobernador del estado a mantener dicho programa, como lo ha venido haciendo desde el 2011.

Nuevo delito
En la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa, presentó una iniciativa para crear el delito de “prevaricación” y mencionó que éste es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una sentencia o resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha resolución es injusta. Situación que es comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público, pues este comportamiento es manifestación del abuso de autoridad.

Además de afirmar que la colocación del delito de prevaricación judicial bajo una u otra rúbrica no es intrascendente, puesto que pone de manifiesto la concepción de que el legislador tiene de la prevaricación y cuál es el bien jurídico protegido: en los códigos anteriores la condición funcionarial del sujeto activo primaba sobre la función ejercida por el juez y se contemplaba al juez más como funcionario que como titular del Poder Judicial, mencionó.

El diputado José Juan Espinosa dijo que “a partir de ahora las conductas antisociales de los jueces, como litigar asuntos por medio de terceros, retarde o entorpezca los procedimientos podrá ser sancionado con hasta 15 años de inhabilitación y multa hasta de mil días de salario.