“Es una idiotez decir que se quiere definir la obra del teleférico en una consulta ciudadana”, sentenció la especialista Rosalva Loreto, al tiempo de informar que están a la espera que haya sanciones contra autoridades de Puebla por haber trabajado sin permisos.

La también integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla (CDPHCAP), señaló en entrevista que luego de que la justicia federal frenara los trabajos del teleférico, se espera una sentencia final sobre toda la obra morenovallista para el mes de febrero.

La semana pasada, se anunció que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con el Consejo Nacional de Monumentos Históricos, harían una consulta ciudadana para definir la suerte del teleférico.

El perito de la delegación INAH-Puebla, Sergio Vergara Berdejo, informó que este acuerdo fue notificado por las oficinas centrales del instituto, cuyas autoridades serán las encargadas de llevar a cabo la consulta ciudadana para resolver la controversia.

Esta situación ha molestado a especialistas en el tema, ya que no se tiene por qué poner a consulta ciudadana algo que ya tiene bases legales, y en este caso que está afectando al patrimonio cultural de la humanidad.

 

—¿Cómo ve lo de la consulta ciudadana?

—A ver, yo se la regreso, ustedes creen que el patrimonio histórico está sujeto al gusto estético de Vergara o cualquier persona o institución.

”El patrimonio histórico lo es porque sintetiza valores que han sido colectivos, históricos, participativos de toda la sociedad, ahora, cómo pueden poner en tela de juicio una categorización como lo es la ciudad patrimonio cultural de la humanidad.”

Señaló que simplemente esta consulta es una cortina de humo para avalar el teleférico, “lo que tenemos que hacer es descalificar este tipo de encuestas, usted no me puede decir a qué apostamos si a la gente no le gusta la Catedral, entonces la desarmamos.

”Pues no, todo eso ya está constituido en un bien patrimonial, que no es enajenable, es intransferible no es descatalogable”, enfatizó.

“A ese señor (Sergio Vergara), debería darle vergüenza y el INAH ponerle una sanción a este señor por estar diciendo idioteces”,



concluyó.

De acuerdo con columnistas locales, fue el propio gobernador Rafael Moreno Valle quien propuso al INAH la realización de esta consulta para zanjar el entrampado en el que se encuentra la administración estatal con esta obra.

Se esperara al 8 de febrero donde se dará a conocer la segunda sentencia del amparo constitucional, luego de determinarse el resolutivo del incidental.

—¿Qué se va a determinar?

—Fíjese que es lo mismo, en el primero se reconoce la falta, en el segundo se reconocerán las violaciones a la ley vigente.

 

—¿Podría haber sanciones?

—Lo que va a recomendar el INAH es la reconstrucción, lo que debe quedar claro es que cualquier reconstrucción es solo eso, ya se perdió un inmueble histórico, lo que se ponga va a ser escenografía sin los materiales constructivos de los siglos XVII XVIII y XIX.


”Debe haber una sanción sobre una falta, es un delito federal que es la destrucción, cobra otro tipo de valor, pero el problema no solo está en la destrucción del inmueble de la Casa Roja, sino de todo el sistema teleférico que está en una zona monumental.”

Señaló Rosalva Loreto que se debe de meter en regla a todo el proyecto, el cual insistió carece de los permisos.

 —¿Hay confianza en que se detenga toda la obra?

—Al menos ya tenemos algo ganado en lo que se resuelve qué va a pasar con la Casa Roja, pero esperemos, no podemos adelantar.

Señaló que ahora le tocará a la juez emitir sanciones por la destrucción del inmueble. “Tiene que aplicar la ley, en el momento en que reconoce que se conformó un delito federal por la destrucción del patrimonio, ya con eso es bastante avance”.

En el Barrio del Artista, donde antes se encontraba la Casa del Torno o Roja, construida entre los siglos XVII y XIX, se observa un bloque de cemento casi de las mismas dimensiones del inmueble destruido.

El plan era en ese lugar se construya una terminal del teleférico cuya altura alcanzará los 70 metros de altura, la que ahora tiene que cambiar la Secretaría del Transporte (ST) ante el resolutivo judicial.