En el estado de Puebla hay cerca de 600 invasiones a predios, relata Juan Luis Flores Carpenter, quien vive —él y su familia— una auténtica pesadilla. Desde hace un año dos meses sufren la invasión de un predio de 17 hectáreas en el cerro de Xilotzoni en San Jerónimo Caleras, por parte de la Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas AC.

Y todo bajo el consentimiento del gobierno del estado, que en dos ocasiones no cumplió con la orden del juez noveno de lo penal de recuperar el predio. Tanto la Procuraduría General de Justicia como la Secretaría Seguridad Pública argumentan no contar con los elementos necesarios para cumplir el mandato y desalojar a los “paracaidistas”.

Los propietarios del predio, Luis Flores Carpenter y Alejandro Flores Pastrana, demandaron al gobierno hacer cumplir la ley y evitar que los ánimos se desborden.

Flores Pastrana comentó que el 1 de abril recibió una llamada en donde le exigieron renunciar al proceso, de lo contrario su vida corría peligro. Ante la amenaza, el afectado interpondrá en las próximas horas una denuncia ante las autoridades correspondientes.

Por su parte, Flores Carpenter exige a las autoridades voltear a la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, la cual “se ha convertido en un auténtico foco rojo”.

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El pleito tiene su origen en el verano de 2012. Fue el sábado 30 de junio cuando más de 100 personas, encabezadas por Porfiria Flores Tlamintzi y Delfino Flores Melga, líderes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Urbanas Campesinas de Puebla, invadieron el predio en San Jerónimo Caleras.

Al percatarse de los “paracaidistas”, los dueños emprendieron las acciones legales correspondientes, éstas fueron radicadas en los juzgados Sexto y Noveno de lo Penal del distrito judicial de Puebla, bajo los números de procesos 355/2012 y 96/2012, respectivamente.

El 20 de noviembre del año pasado se libraron órdenes de aprehensión en contra de los líderes del movimiento: Porfiria Flores Tlamintzi y Delfino Flores Melga y 11 personas más.

Sin embargo, la orden se cumplió hace unos días, es decir, cuatro meses después.

No obstante, el juez noveno de lo penal ordenó la restitución del predio a sus dueños en dos ocasiones; la primera data del 13 de diciembre de 2012, en ella se estipuló que el desalojo se efectuara el 19 de diciembre del mismo año; la segunda orden data del 23 de enero de 2013 para ser cumplida el día 2 de febrero.

Además, el juez sexto de lo penal ordenó la restitución del predio para ser ejecutada el mismo día y a la misma hora del 2 de febrero del 2013. Sin embargo, las autoridades correspondientes ignoraron el mandato. La negativa del gobierno impidió la ejecución de las órdenes.

La Procuraduría General de Justicia argumentó no contar con “el personal suficiente” para ejecutar la acción, además, deja en manos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el asunto.

Por su parte, la SSP arguyó: “la Secretaría se encuentra realizando diversos operativos en el interior del Estado, a fin de estar en posibilidad de brindar el auxilio necesario a la citada diligencia solicita a bien señalar una nueva fecha, considerando el tiempo necesario para implementar el operativo que garantice su adecuado desahogo y evitar a toda costa un enfrentamiento que pudiera ocasionar un riesgo a la integridad física y a la propia vida de los habitantes del lugar y en general en estado de Puebla”.

No obstante, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, se comprometió a estudiar el caso y encontrar una solución.

Tras el calvario, los propietarios del predio esperan que, con los enroques en el gabinete, se aplique la ley y no se postergue más el desalojo, “que se aplique la justicia”, dijo Alejandro Flores.

“Lo único que pedimos es que se cumpla y respete la ley, tal y como lo pregona el gobernador Moreno Valle”, sentenció Luis Flores Carpenter.