Desde que comenzó el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas hasta la fecha se han registrado 51 agresiones en contra de periodistas, lo que marca un incremento notable en la situación de los comunicadores en materia de vulnerabilidad.

Un estudio realizado por la Casa de los Derechos de Periodista, organismo no gubernamental (ONG) de nivel nacional, reveló que en el primer año del morenovallismo se registraron 27 agresiones, 17 más en lo que va de 2013 y siete agresiones que aún están en estudio.

Asimismo, existen por lo menos seis amenazas de muerte contra reporteros, dos de ellas aún en análisis de sacar a los periodistas de sus lugares de origen para protegerlos, como se ha hecho en otras entidades.

Esta situación se da conocer en el marco de las protestas a nivel nacional por parte de periodistas, quienes en distintos puntos de la República realizaron manifestaciones en contra de autoridades para exigir protección a los comunicólogos.

En Puebla se había convocado a una reunión de protesta en el zócalo de la ciudad en punto de las 12 horas de este domingo, sin embargo la misma fracasó debido a que ningún reportero llegó a la hora citada.

Hace unos días, representantes de esta ONG llegaron a la ciudad de Puebla, donde entablaron diálogos con legisladores para empezar a “cocinar” una ley de protección a periodistas, ya que la entidad carece de ella.

Incluso, en el mes de junio se impartirá un curso-taller para periodistas poblanos en materia de seguridad, organizado en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Las agresiones
El mayor número de agresiones a los periodistas poblanos, viene de parte de policías tanto municipales como estatales, seguido de funcionarios públicos, pero también en las mismas redacciones.

El homicidio del exconductor de TV Azteca Guerrero, Alonso de la Colina Sordo, hace unas semanas saliendo de un banco, y el asesinato del reportero Adrián Silva en Tehuacan son los casos más graves registrados.

Los demás casos se mantienen en el anonimato para proteger a los mismos comunicadores, señaló la Casa de los Derechos de Periodistas.

En entrevista para Intolerancia Diario, Claudia Martínez, enlace de la Casa de los Derechos de Periodistas en Puebla, informó que se encuentran en espera de una reunión con diputados locales para iniciar los trámites de una ley de protección a periodistas.

“Así cómo hoy (domingo) se dedicó un día para los periodistas que han perdido la vida en el país, es necesario que los legisladores dediquen un día para unirse con los periodistas y escuchen las necesidades y comiencen a trabajar en las iniciativas.”

Indicó que desafortunadamente en Puebla no se logró realizar la protesta como en otras entidades del país, debido a distintas causas, que van desde la carga de trabajo hasta temor a manifestarse sin problemas.

“Es importante que estén unidos los periodistas de Puebla, me hubiera gustado ver la unidad de los compañeros, pero es posible que falló por la agenda de cada uno, aunque muy en el fondo se sientan amenazados para dar a conocer sus ideas; hay muchos factores”, dijo la periodista y activista.

Detalló que en Puebla se tienen confirmadas 44 agresiones y siete más en investigación, de las cuales 27 se registraron en 2012, otras 17 en lo que va de este año y seis amenazas de muerte.

“Urge que las autoridades comiencen a trabajar en la ley de protección de periodistas, que no siga en la congeladora”, indicó al señalar que se debe trabajar con gente experta en el tema para poder nutrirla.

—¿Cómo documentan las agresiones?

—Tenemos acercamientos con los mismos comunicadores, quienes nos buscan y con comisiones de Derechos Humanos se nota por el incremento de agravios en Puebla contra colegas.

—¿Hay denuncias ante las autoridades?

—Los agravios se presentan en diversos puntos del estado de Puebla, en cada punto de su localidad, pero los colegas no tienen confianza a las autoridades, por eso pocos denuncian, hay mucho temor.

Indicó que en el caso de las amenazas de muerte se analizan que tan graves o reales pudieran ser, inclusive se analizan dos casos para ver si es necesario sacar a los reporteros de la entidad.

“En algunos estados se ha trabajado así, por ejemplo en Oaxaca y en Hidalgo, donde apenas sacamos a algunos reporteros”, comentó.

—¿Cuáles son las zonas más peligrosas para ejercer el periodismo?

—Teziutlán, Xicotepec y Huauchinango, en la sierras de Puebla.

Derecho fracturado
Sobre el tema, el director de Artículo 19, Darío Ramírez, indicó que en Puebla los periodistas viven y trabajan en un Estado de derecho “fracturado”. Lo que podría generar mayor violencia y agresiones.

Asimismo, el también representante de Artículo 19 en para México y Centroamérica, Darío Ramírez, indicó que se debe quitar la facultad al gobierno para demandar a periodistas por difamación, ya que un Estado no puede demandar de esta forma.

“Hemos dado seguimiento desde el año pasado a los robos de equipo de medios digitales como Ladobe o la situación de e-consulta, que evidentemente son un ataque claro y frontal a la libertad de prensa en el estado.

”Desde esos casos hemos revisado hasta más recientes, como el que policías estatales van y tratan de detener a un colega para llevarlo a declarar. Dónde se ha visto que los policías estatales ahora den aventón para ir a declarar.

”Me parece que todas esas situaciones son ‘fracturas’ del Estado de derecho. En ese sentido, el estado de Puebla y el gobernador (Rafael Moreno Valle) tienen que ser muchísimo más diligentes, apegándose al Estado de derecho.

”Hay que tener mucho ojo, no son los grandes asesinatos, como en Veracruz, pero sí evidentemente es un ataque a la libertad de expresión.”

—¿Existe el riesgo de que crezca el problema?

—Siempre, mientras el Estado de derecho sea tan vulnerable no sabes al final qué va a pasar, si hay una persecución directa, si esa responsabilidad de garantizar la libertad de expresión se traduce en ser un agente persecutor a periódicos o medios de información críticos a la administración pública, pues me parece que estamos ante un retroceso claro de la libertad de prensa en México.

—¿Qué le parece que los periodistas pueden ser demandados por difamación en cualquier momento?

—Bueno, ya tenemos evidencia en México, donde la materia civil se usa; por ejemplo, en el caso de Contralínea tiene 50 demandas de parte de un grupo empresarial. Pueden ser civiles, pero evidentemente 50 llevan a la bancarrota.

”Es lo que nosotros en el informe ponemos como el acoso judicial, la judicialización de la libertad de expresión. Está muy claro que tienen derechos todas las personas a buscar que se castigue a todo aquel que a través de un proceso legal haya lastimado la honra o el honor de alguien.

”Pero el abuso a estas figuras me parece que es algo que hay que seguir señalando. En Puebla, entre la lista de periodistas que iban a ser demandados y la reciente sentencia de la Suprema Corte en el caso de dos periodistas poblanos, habla de ese proceso de judicialización y es muy peligroso porque al final muchos medios dejan solos a sus reporteros y el proceso lo tiene que llevar sólo con un grado de indefensión más grave.

”Ahí es donde nosotros estamos alertando y buscando que se revierta esa persecución”, advirtió el dirigente.

—¿Algún llamado al gobierno de Puebla?

—Bueno como siempre, garantizar el Estado de derecho es fundamental para garantizar la libertad de prensa.

”La critica duele, la crítica es incómoda, no hay gobierno que le guste la crítica, pero creo que en un Estado verdaderamente democrático las respuestas a la prensa por parte de la autoridad tienen que ser en otro sentido y no como el amedrentar con castigar públicamente o encarar a los periodistas que están haciendo su trabajo.

”Parece que ahí está toda la responsabilidad de todo gobernador y toda administración pública.”

—¿Deberían quitar las facultades de que se demande a nombre del gobierno por difamación?

—Sí, eso lo criticamos desde que le dieron esas facultades al vocero estatal; es como prejuzgar, darle herramientas y que vaya a hacer esa presentación de demandas.

”Yo creo que la judicialización debe ser el último recurso. Hay que recordar que el estado de Puebla como tal no tiene derecho, no tiene honra, quienes tienen honra son las personas y no el honorable estado de Puebla.

”Entonces ahí hay una gran confusión, porque si yo digo el estado de Puebla es una basura, pues la verdad es que no estoy ofendiendo a nadie en particular y mucho menos al estado de Puebla.”

La protesta nacional
A nivel nacional, periodistas se manifestaron para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, encontrada en el baño de su casa con señales de tortura y asfixia.

Tan sólo en Xalapa unas 400 personas se reunieron en una plaza del centro de la ciudad, encabezadas por una pancarta en la que calificaban el crimen de la periodista: “un asesinato de Estado”.

Otros carteles mostraban leyendas como “El autoritarismo no callará nuestra voz”, “Justicia para Regina Martínez” y “No más sangre de periodistas”, el contingente paró frente al Palacio de Gobierno del estado donde gritaron consignas como: “Gobierno fascista que matas periodistas” y “Regina vive, la lucha sigue”.

El semanario Proceso y organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) han denunciado que el crimen contra Martínez quedó impune, a pesar de que hay un hombre purgando una condena.

El asesinato de Martínez fue uno de los más emblemáticos y con mayor difusión por la influencia del semanario para el que trabajaba y porque es uno de los pocos ataques a medios de circulación nacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que 81 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. Un informe convertido en libro, de la asociación Nuestra Aparente Rendición, contabilizaba 127 comunicadores asesinados de 2000 a 2012, los dos sexenios gobernados por el Partido Acción Nacional.