El juez primero de distrito aceptó la solicitud de juicio de amparo de parte de extrabajadores, por la desaparición o extinción del Instituto para la Asistencia Pública del estado de Puebla (IAPEP).

Los quejosos alegan que la extinción no se dio de forma legal y, por ende, sus despidos, por lo que pidieron a la justicia federal que revise el caso y, en su caso, echar para atrás el decreto del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Fuentes señalaron que se trata de una estrategia para poder reubicar o finiquitar conforme a ley a los cientos de empleados que fueron dados de baja de manera arbitraria por parte del gobierno del estado.

El juicio de amparo quedó radicado bajo el número 214/2013, donde se demanda al gobernador Moreno Valle y al entonces secretario de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto.

La fecha de presentación fue el 13 de febrero, y al siguiente día se le dio ingreso en el Juzgado Primero de Distrito en la mesa IV, como consta en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal.

El acto reclamado en específico es contra el decreto que suprime el organismo público descentralizado denominado Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla.

Juan Briones, uno de los cientos de despedidos de la dependencia, informó que el abogado Abelardo Cuellar es quien lleva el juicio de amparo en contra del gobierno estatal, del que tienen confianza saldrá avante.

“El abogado nos instruyó en que se amparara el instituto, aparte de interponer los juicios de demandas laborales (…) a ese instituto no tenían por qué desaparecerlo de esa manera”, comentó en entrevista.

”El amparo es hacia el instituto y estamos demandando al gobernador, al secretario de gobernación y a la directora del Periódico Oficial, y a algunos diputados locales”, sentenció Juan Briones.

La venta
Con la desaparición del IAPEP, dejaron de prestar sus servicios los Montes de Piedad, después de 120 años de servicio a los más necesitados.

La venta de los Montes de Piedad fue parte del desmantelamiento del IAPEP, organismo creado para atender a la población más pobre o vulnerable, pero para el gobernador de Puebla debería ser un negocio con ganancias.

A finales de septiembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la convocatoria en la que se abre a licitación pública nacional la venta de los Montes de Piedad, la cual inició con una reestructuración desde cuando arrancó el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Según las mismas estadísticas, el Montepío atendió a más de 23 mil personas mensualmente, y el 57% de la ciudadanía poblana ha acudido alguna vez a empeñar algún objeto.

Para el gobierno de Puebla, por medio de un “Nuevo Modelo de Asistencia Pública”, se planea hacer un uso óptimo de recursos para la generación de resultados en beneficio de la sociedad, con el objetivo de invertir más dinero en la asistencia pública, así como sistematizar y rediseñar los procesos para hacer más eficientes los servicios y mejorar su calidad.

La excusa del gobierno del estado para la venta es la disminución en la percepción de participaciones para el gobierno estatal, por 800 millones de pesos, y la deuda de más de nueve mil millones de pesos que heredó la administración de Mario Marín Torres.

Por medio de un comunicado, el Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla (IAPEP) informó que fue publicada —en el Periódico Oficial del Estado— la convocatoria mediante la cual se abre la licitación.

Dicha licitación pública es nacional en el proceso de enajenación de su unidad productiva, denominada Monte de Piedad de Puebla.
Quien ganó la licitación para quedarse con los montes de piedad fue la empresa Prendamex, propiedad de uno de los empresarios que financió la campaña de Rafael Moreno Valle a la gubernatura en el 2010: Santos Zanella.

Según Profeco, Emprenda y Prendamex son las franquicias con más denuncias en su contra por vender los artículos empeñados antes del tiempo convenido con sus propietarios, así como por descomponerlos o perderlos.

Además, datos de la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) arrojan que de las empresas con mayor tasa de interés por préstamo prendario pero con mayores montos de préstamo, Prendamex llega a cobrar un 140 por ciento.

Cada año se refleja esta época difícil para la economía de las personas con escasos recursos con grandes filas en casas de empeño, las cuales hacen grandes negocios por altos rendimientos.

Los cobros de intereses de dichas negociaciones oscilan desde el 60 al 260 por ciento del préstamo, lo que significa que de cada 100 pesos prestados, se llegan a pagar por morosidad hasta 2 mil 600 pesos para cubrir la deuda en supuestos “pagos chiquitos”.

Según especialistas, es poco recomendable endeudarse de esta forma para sortear las dificultades económicas, a tal grado que es mejor buscar un crédito bancario, ya que resulta ser más atractivo a la hora de adquirir una deuda.

Anillos de matrimonio, regalos, joyas de la infancia y recuerdos sentimentales son la salvación de miles de personas para sobrevivir los siguientes días.

Pero a pesar del “gran atraco”, como lo llaman especialistas, el auge de casas de empeño es debido a que la banca no tiene ninguna atención para los usuarios de escasos recursos.

La mayoría de los usuarios sólo necesitan 700 o mil pesos en forma inmediata, por lo que empeñan alhajas, eléctricos y electrodomésticos, o cantidades mayores cuando ya deciden empeñar autos o algún bien inmueble.

Los despedidos
Desde el 1 de enero del 2013 se extinguió el IAPEP, lo que dejó en la calle a cientos de trabajadores, incluidos los sindicalizados y el personal de confianza.

Incluso el Sindicato de Burócratas “dobló las manos” y sólo asesoró a los ahora extrabajadores sindicalizados, aceptando los despidos que realizó el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Entre los despedidos se encuentran empleados desde intendencia hasta administrativos, la mayoría se trataba de personas de la tercera edad, quienes llevaban trabajando de entre 10 y 40 años, algunos incluso perdieron su pensión.

“No es justo, hemos entregado nuestra vida al gobierno de Puebla para que este señor gobernador nos de una patada en el trasero.
Además, teníamos la promesa de reubicación, pero no hicieron nada para defendernos”, dijo una de las trabajadoras de intendencia.

“Dígame, ahora en qué voy a trabajar, de veras no se tocan el corazón, si es que tienen. El gobernador Moreno Valle nos dijo que si votábamos por él, no nos correría; ahora sabemos que es un vil hipócrita”, dijo otro trabajador muy molesto.

“Yo esperaba pensionarme y vivir de ese dinerito, ahora no sé qué hacer”, dijo otro trabajador de muy avanzada edad, en esos días de los despidos.

Las promesas incumplidas
“Los que se puedan transferir, se hará con todos sus derechos vigentes, y los que no, se respetarán sus derechos, si se pueden ubicar en un área, y si no son necesarios por los propios recortes que está sufriendo el gobierno del estado, pues tendrán que ser liquidados”, dijo en diciembre Fernando Manzanilla Prieto.

Ahora, mientras este exfuncionario estatal es el coordinador de campaña de Antonio Gali Fayad por la presidencia municipal de Puebla, todos los empleados se quedaron sin trabajo.

En octubre del año pasado, Héctor Posadas, secretario del Sindicato de Burócratas, indicó a medios de comunicación que los trabajadores sindicalizados serían removidos a otras dependencias ante la venta del Monte de Piedad de Puebla.

Y añadió que algunos trabajadores del Monte de Piedad cuentan con una antigüedad de dos hasta 40 años, por lo que no pueden ser despedidos o perder su fuente de trabajo. Todo fue mentira.

Bajo llave
Hasta el momento, el gobierno del estado tiene “bajo llave” los montos que ha tenido que erogar por conceptos de finiquitos a los cerca de seis mil empleados despedidos en cerca de dos años.

En distintas respuestas a solicitudes de información, la dependencia de gobierno informa lo siguiente: “Aunado a lo anterior se le comunica que por finiquito se entiende el documento mediante el cual el trabajador y el patrón convienen mutuamente en terminar la relación de trabajo y en dicho documento se contiene la relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él”, señala el escrito.

Para ello, agregó que “el término de finiquito no se encuentra definido en la legislación mexicana, sin embargo, se interpreta le lectura de los artículos 53 fracción 1 y 33 párrafo segundo de la Ley Federal del Trabajo, así como diversas tesis de jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

De este modo es como explica que a petición del trabajador es como se termina la relación laboral entre el empleado y el gobierno, con lo que incluso renuncia a los derechos que tiene en el pago de finiquito o liquidación.

En el caso particular de la Secretaría de Finanzas, indica que durante el 2011, con la salida de los trabajadores, no se había llevado a cabo ningún convenio por concepto de finiquito, toda vez que los trabajadores, al pedir su baja, renuncian a los contratos que tenían en sus oficinas.