Al asegurar que desde la aprobación de la reforma política se establecieron las condiciones para que los comicios del domingo pasado fueran una elección de Estado, el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) del estado de Puebla, Germán Molina Carrillo, aseguró que en Puebla no existen partidos políticos de oposición y los candidatos electos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no podrán incidir en las decisiones de gobierno.

Lo que se observó el domingo pasado —dijo el analista jurídico del estado de Puebla— fue un plan bien orquestado desde Casa Puebla, lo que hizo imposible que le ganaran presidencias municipales y la mayoría en el Congreso del estado, por lo que tendrán la posibilidad de gobernar pero sin la legitimidad que requieren para desarrollar de manera adecuada su trabajo en el sector público.

Molina Carrillo aseguró que el plan del mandatario poblano no fue visualizado por la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero además también jugó un papel determinante la “guerra sucia” orquestada en contra de los candidatos opositores, “entonces era difícil que le ganarán al gobernador poblano”.

Una participación ciudadana inferior al 45 por ciento —dijo el director general del ICI— es una clara muestra del descontento social que prevalece en la entidad poblana, porque la mayoría de los ciudadanos del estado de Puebla optó por no acudir a las casillas y por anular el sufragio: “Ganan por un margen muy bajo, de acuerdo a los logros anunciados por el gobierno del estado de Puebla, por eso suman más los poblanos que no votaron y los que decidieron anular el voto, que los que respaldaron el proyecto político del gobernador”.

En ese contexto, Germán Molina Carrillo aseguró que la democracia en la entidad poblana atraviesa por una crisis de legitimidad, de credibilidad, de desconfianza y desencanto, por eso aseguró que la “guerra sucia” no debió presentarse, “pero es la huella de un gobierno autoritario y aunque la población se expresó son muchos los que no ejercieron su derecho de participación”.

Además, dijo que desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI hicieron muy poco por Puebla y antepusieron otros proyectos gubernamentales, como el Pacto por México y las reformas estructurales, que ya están acordadas con las diferentes fuerzas políticas en el país.

En ese contexto, afirmó que las autoridades legislativas y municipales que tomarán protesta en febrero del próximo año llegan con mayoría pero no tienen legitimidad, porque no cuentan con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos poblanos: “Las autoridades del estado deben revisar la forma en que se conducen y cambiar la forma de hacer gobierno, porque tienen mayoría pero no cuentan con la legitimidad necesaria”.