La diputada Ana María Jiménez Ortiz advirtió que por cada caso de abuso infantil que se denuncia existen otros 100 más que no son atendidos, e indicó que los que son denunciados muchas veces no son reportados correctamente por instituciones médicas ante la falta de peritos.

En entrevista, la legisladora expuso que para combatir la violencia en México una de las bases es atacar a fondo el problema del abuso infantil, e indicó que hablar de una cifra sobre los casos reales que se presentan sería imposible pues se estima que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, sólo el uno por ciento llega a ser denunciado.

Lamentó que se haya descuidado este tema durante años, pese a que la violencia y el descuido son las principales causas de muerte e invalidez en la población infantil. El abuso del niño es tres veces más frecuentes que todos los cánceres de infancia combinados. Las causas más frecuentes de muerte hasta los 18 meses de edad son las quemaduras, asfixia, envenenamiento, golpes y negligencia. La mitad de los niños maltratados devueltos a un padre abusivo muere a causa de nuevas brutalidades.

Expresó que los datos anteriores los proporcionó la Academia Americana de Pediatría. Dijo que un paso importante que se dio la semana pasada fue el haber aprobado la reforma a la Ley Estatal de Salud, donde se amplían las obligaciones de las instituciones para la detección, atención y registro estadístico del maltrato infantil.

La legisladora reconoció que actualmente faltan peritos en los hospitales del sector público para que se valoren los casos de maltrato. Entre las instituciones que sí lo tienen se encuentra el Hospital para el Niño Poblano, pero se ha carecido de los mismos, por ello la modificación legal.

Expresó que se trata de aplicar el protocolo de atención a menores víctimas de violencia intrafamiliar y abandono, que permita brindar cuidados especializados a los menores maltratados, con médicos y paramédicos capacitados para detectar ese maltrato analizando hematomas, contusiones y quemaduras inexplicables, entre otras.

Jiménez Ortiz explicó que en la reforma que se aprobó en el pleno se precisa que la Secretaría de Salud deberá captar, producir y procesar la información en materia de maltrato infantil, esto en el artículo 126.

En la reforma al Artículo 165 se establece la obligación de las instituciones de salud del estado para tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores maltratados.

La diputada por Acción Nacional indicó que en el estudio a jóvenes denunciados por sus conductas violentas se ha determinado hasta en un 80 por ciento de los casos que fueron víctimas del maltrato cuando eran niños.

Advirtió que el problema es que no se valora a los menores pues en varios estados de la República mexicana el maltrato infantil no es considerado un delito. Es importante homologar la ley en México y un asunto delicado es que aún es considerado un paraíso sexual.

Además, reconoció que en las leyes del país no hay un capitulado específico que regule el maltrato infantil, todos los delitos contra los menores entran en el marco jurídico general. No existe seguimiento a los casos, de tal suerte que se desconoce la situación del menor.

Las cifras que se tienen indican que desde hace 30 años mueren asesinados a diario en México dos menores de 14 años, como consecuencia de la violencia familiar y la delincuencia.

Insistió en que solo el 1% que se atiende es de manera precaria e insuficiente. El gobierno sólo cuenta con albergues temporales, en lo que se define la situación jurídica del menor, quien normalmente es remitido con algún familiar.

Cifras aún sin actualizar —de hace seis años— indican que una consulta realizada por el Instituto Federal Electoral dio como resultado las siguientes cifras: el 28% de los niños y niñas de 6 a 9 años, es decir, 3 millones, dijeron que en su casa los golpean; y 16% (mil 500 millones) señalaron que lo mismo ocurre en sus escuelas. Asimismo, 3.5% de los niños y niñas (105 mil) dijeron que han sufrido abusos sexuales tanto en su casa como en la escuela.

Ana María Jiménez consideró que sólo se ha dado un paso pero hay que terminar con la negligencia y apatía por parte de algunos funcionarios que minimizan las lesiones que presentan los menores víctimas de maltrato, y al no denunciar los hechos porque no quieren meterse en problemas los dejan a merced de que puedan quedar inválidos o incluso morir.