A pesar de que Rafael Moreno Valle inició el 5 de abril del 2010 su campaña a la gubernatura prometiendo erradicar la pobreza y la marginación los números de la reciente evaluación de Coneval señalaron un número creciente de personas que viven en situación de pobreza en el estado de Puebla: 261 mil 800 poblanos más se añadieron a la pobreza según señala el informe presentado este lunes relativo al 2010-2012, es decir, en los dos primeros años del actual gobierno.
En una revisión de las acciones emprendidas por el gobierno estatal que le ha querido impregnar su propio sello a sus acciones gubernamentales, algunas de sus acciones han ido en contrario sensu a las promesas de campaña que tan buenos resultados dieron en 2010.
Una de las primeras acciones del Congreso local fue la aprobación unánime de los diputados de la desaparición del Instituto de Evaluación y Medición de la Pobreza, desaparición que se aprobó el 25 de enero de 2012, a unos días de la llegada del nuevo gobierno.
Luego de que el Poder Ejecutivo enviara un decreto solicitando la extinción del organismo con el propósito de “mejorar los programas sociales”.
Los resultados de Coneval ponen en entredicho las estrategias gubernamentales como la búsqueda de la eficiencia como criterio central de la administración estatal.
En el decreto de extinción del Instituto de Evaluación y Medición de la Pobreza se justificó la desaparición del instituto señalando que de acuerdo al eje 3 del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 “Gobierno honesto al servicio de la gente” se señala que el gobierno que financiará una estructura que estrictamente obedezca a las necesidades operativas de la administración estatal a través de esquemas de simplificación administrativa para que “cada función se realice con eficiencia”.
Además, se acusó que el Instituto de Evaluación y Medición de una “triangulación” innecesaria con el Coneval.
En dicha ocasión, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que preside el ddiputado José Lauro Sánchez López, inició sus trabajos desapareciendo el instituto de marras. Los diputados aprobaron por unanimidad, con cinco votos a favor, el decreto que remitió el gobernador de Puebla por el que se extingue el Instituto de Evaluación y Medición de la Marginación y Pobreza.
Los diputados aprobaron por unanimidad el decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado denominado “Instituto Poblano para la Productividad Competitiva”.
En el momento de la extinción del instituto se determinó, también, que el personal y los recursos humanos serán transferidos a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.
El diputado José Lauro Sánchez López, de acuerdo al recuento, aseguró que la extinción de estos dos organismos se debió a la falta de resultados concretos y específicos en las funciones asignadas, por lo que algunas de las acciones que desempeñaban los organismos públicos descentralizados serán reasignadas a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del gobierno del estado, principalmente.
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal que aprobaron la extinción del instituto solicitada por el gobernador fueron: José Lauro Sánchez López (PRI), José Juan Espinosa Torres (Movimiento Ciudadano), Blas Jorge Garcilazo Alcántara (PAN), José Enrique Doger Guerrero (PRI) y José Ángel Pedro Guerrero (PAN).
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En las últimas semanas ha destacado en la prensa nacional e internacional el desfase entre la realización de “grandes obras” u “obras suntuosas” y el número de pobres en Puebla.
Y como sucedió en 2010 en la pasada campaña electoral entre los dos principales candidatos a la alcaldía el tema central fueron los 700 mil personas en condiciones de pobreza que habitan en el municipio de Puebla.
Durante su campaña el entonces candidato a la gubernatura por la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle, no prometió la construcción de obras suntuosas.
El 5 de abril de 2010, luego de varias horas de viaje hacia el municipio de la Sierra Negra ante unas 200 personas, Rafael Moreno Valle, entonces candidato a la gubernatura por la coalición Compromiso por Puebla, iniciaba campaña acusando que la pobreza era “culpa” del entonces gobierno priista encabezado por Mario Marín Torres.
“Hoy les digo a mis amigos de Eloxochitlán: por culpa del actual gobierno del estado Puebla es cada día más pobre, Eloxochitlán es lo más pobre de Puebla.”
Desde el inicio de su campaña el entonces candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la alcaldía delineó su propuesta para revertir la marginación y la pobreza en Puebla resumiendo su estrategia en cuatro promesas de campaña: darle computadoras a los jóvenes, entregarles créditos a las mujeres, pensionar con 500 pesos al mes a los adultos mayores y darles tractores a los campesinos, promesa que ajustó al término “monocultores”.
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Todavía el año pasado el entonces secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Salvador Escobedo Zoletto, descartó que fuera necesario contar con un instituto de tal envergadura.
Además, el funcionario estatal confió, en la misma tónica que lo han hecho otros funcionarios estatales, que la llegada de la empresa automotriz Audi impulsaría la creación de fuentes de empleos.
Sin embargo, ni la reducción del aparato administrativo para contar con un gobierno más “eficiente” ni el paquete de entrega de computadoras, pensiones a adultos mayores y monocultores para campesinos, ni la apuesta por la llegada de una empresa de automóviles —que lo mismo se convirtió en propaganda electoral de la campaña de este año que relanzamiento de la imagen gubernamental— han dado resultados frente a los indicadores de la Coneval.
No obstante, el Congreso de Puebla al aprobar el decreto de desaparición del Instituto de Evaluación y Medición de la Pobreza aprobó también que Puebla perdiera un instrumento de análisis para conocer el impacto de los programas sociales y de otras variables en la disminución de la pobreza.
Paradójicamente, el propio gobierno del estado a través de su secretario de Gobernación, Luis Maldonado Venegas, reconoció la ausencia de un diagnóstico propio del estado de Puebla que pudiera contrastar con las mediciones del Coneval y cuestionó la metodología con la que se realizó la medición.
