A dos años de haberse aprobado en Puebla la llamada Ley Ácida, la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia presentó iniciativa para reformar el artículo 294 del Código Penal Federal, con la finalidad de imponer penas de cinco a ocho años de prisión a quien, de manera directa o a través de interpósita persona, cause lesiones con acido o sustancias corrosivas.
El 23 de marzo de 2023 durante la sesión ordinaria del Congreso por unanimidad se aprobó reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal del Estado.
La ley en Puebla establece penas de 25 a 40 años de prisión enfrentarán quienes cometan el delito de Violencia Ácida, ya que es considerada en el Código Penal del Estado de Puebla como tentativa de feminicidio.
En la reforma estatal “se considerará que comete tentativa de feminicidio a “quien por sí o por interpósita persona provoque una alteración en la salud o cualquier otro daño que deje huella en el cuerpo de una mujer por razón de género, usando cualquier tipo de agente físico, químico o sustancia corrosiva, además de la reparación del daño material y moral sufrido”.
Mientras en la reforma federal “Se adicionan los párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 294 del Código Penal Federal, para establecer a quien, de manera directa o a través de interpósita persona, cause a otra lesiones, utilizando ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier otro agente químico que, por sí o en combinación con otros elementos, produzca daño físico, psicológico, motriz o patrimonial, se le impondrá una pena de prisión de cinco a ocho años”.
Vences Valencia, destacó que la sanción se incrementará en una tercera parte de prisión, cuando las lesiones afecten directamente el rostro, el cuello, los brazos, las manos o comprometan la funcionalidad de los órganos sexuales.
Asimismo, abundó, que en caso de que la conducta sea cometida en contra de una mujer y existan elementos que acrediten que el ataque fue motivado por razones de género, la pena se duplicará respecto al mínimo y máximo, previstos en este artículo.
También, la diputada federal de Morena, detalló que la reforma contempla que las instituciones del sector salud, tanto públicas como privadas, tendrán la obligación de informar al Ministerio Público sobre cualquier caso de atención médica que presente indicios de lesiones provocadas por sustancias químicas o agentes corrosivos.
El Ministerio Público, precisó, deberá reconocer de manera inmediata la calidad de víctima conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas, y activar los mecanismos correspondientes para garantizar la reparación integral del daño.
