Defraudados de Grupo Sitma e Invergroup “celebraron” cuatro años de injusticia al no resolverse la situación de miles de personas tras los fraudes de inmobiliarias. Más de 500 personas, en su mayoría de la tercera edad, se aglutinaron en el zócalo de la ciudad para anunciar que regresarán a las movilizaciones tras el abandono de las autoridades estatales, quienes no han resuelto el problema.

Las protestas en las calles se frenaron en mayo de 2011, cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle, con apenas tres meses en el poder, detuvo a defraudados tras realizar una manifestación y cierre de calles; ahora han regresado.

Ahora Gabriel Palomar Gutiérrez, representante de defraudados de Invergroup, señaló que desde el pasado sexenio de Mario Marín Torres, cuando se registró el desfalcó a miles de personas, no se ha resuelto y ahora las actuales autoridades tampoco han hecho nada: “Tenemos cuatro años que definitivamente los gobiernos de Mario Marín ni el actual de Moreno Valle no han hecho caso sobre esta situación de defraudados, se creó una agencia del Ministerio Público especializada en delitos financieros, pero no ha resuelto nada y nos ha traído a vueltas”.

Más de 20 empresas inmobiliarias en 2009 defraudaron a cerca de 20 mil personas que depositaban su dinero, en su mayoría, producto de ahorros o hasta liquidaciones.

“Venimos a manifestarnos porque el gobierno del estado no ha hecho absolutamente nada en ayudar a todos los defraudados, quienes tenemos más de cuatro años en el fraude.”

Explicó que lo único que les han dicho las autoridades es que se crearán unas mesas de trabajo: “No sé para qué se hacen, si definitivamente nada más es darnos atole con el dedo”.

—¿Qué piensan hacer?

—Vamos a seguir haciendo mítines, marchas e iremos posteriormente a la ciudad de México con el presidente Peña Nieto y al Congreso de la Unión a San Lázaro, para inconformarnos y que tengan conocimiento del fraude que no se ha arreglado en la ciudad de Puebla.

Adiós a las protestas
Las protestas en las calles se frenaron en mayo de 2011 cuando el gobierno de Rafael Moreno Valle, con apenas tres meses en el poder, detuvo a defraudados tras realizar una manifestación y cierre de calles. Desde entonces, el miedo invadió y desistieron de las protestas que realizaban en cada momento en el sexenio anterior. El Ministerio Público fijó una fianza de 276 mil pesos por los cuatro defraudados detenidos cuando realizaban una manifestación en el bulevar 5 de Mayo y la 14 Oriente, a unas calles de la sede del gobierno estatal, Casa Aguayo.

—¿Les da miedo seguir con las protestas?

—Claro, ante tanta represión surge el miedo, pero ya está en nosotros poderlo vencer —dijo en ese entonces Jesús Ramos Tépoz, vicepresidente de la Unión de Defraudados—.

Intolerancia Diario entrevistó a uno detenidos unas semanas antes de la aprehensión, Alfredo Sánchez Fuentes, presidente del la Unión de Defraudados, quien acusó de cerrazón al gobierno morenovallista. “No sólo queremos que nos den el dinero así porque sí, sino que llevamos propuestas para recuperar nuestros ahorros, lo único que queremos es que nos digan si son o no viables”, dijeron los afectados al acusar al gobernador de Puebla de no atenderlos.

—¿No hay temor a represalias? —se le preguntó—.

—Hasta el momento no hemos tenido represalias, pero a partir de las manifestaciones veremos el actuar de las nuevas autoridades. 
Desde entonces, dichos lideres de defraudados evitan los medios de comunicación. 

Proteccionismo
Desde hace varios meses, los defraudados de Grupo Sitma e Invergroup acusan al gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y al Poder Judicial de Puebla de proteger a los hermanos Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel, incluso de no dictar sentencia en tres años y medio del proceso. Asimismo, señalaron que en todos los casos se han comprobado suficientes elementos de fraude contra quienes eran sus clientes, sin embargo, hasta la fecha no se dicta una sentencia.

Además, acusaron que Leonardo y Edmundo, por medio de engaños, tratan de obtener su libertad, incluso utilizando sellos del gobierno de Puebla, ya que existe todo un ardid en el que pretenden embaucar por segunda ocasión a los defraudados.

Alejandro Tapia, representante de uno de los ocho grupos de afectados por las empresas inmobiliarias, dijo tajante que tanto los jueces como la misma Procuraduría de Puebla (PGJ) han “empantanado” la situación a propósito.