Se vislumbra una fuerte controversia por el debate en torno a la legalización o no del aborto en Puebla, por lo que grupos religiosos empiezan a mostrar su rechazo y grupos de izquierda su apoyo; en tanto, por promesas electorales sigue penalizándose la práctica en el estado.
El grupo católico María por la Vida informó que en Puebla existen cinco clínicas clandestinas donde se practican abortos, al tiempo de anunciar una marcha contra esta práctica.
Aunque no dieron cifras de abortos clandestinos en Puebla ni ubicaciones de las clínicas, el representante del organismo, Abraham Geovany Arenas Corsas, aseguró que tomarán medidas legales, sociales y espirituales.
Asimismo, aclaró que la protesta es contra el Distrito Federal, donde señalaron que “han habido más de 70 mil bebés asesinados” mediante la ley que permite el aborto en la capital del país.
Además, indicó que, al igual que diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que van a impulsar la propuesta que se permita el aborto en Puebla, estarán listos para evitarla.
Finalmente, informó que la marcha contra el aborto se realizará el sábado 28 de septiembre y saldrá de cuatro puntos a las 9 horas: del reloj del “Gallito”, atrio de iglesia de San Francisco, iglesia de La Luz, y Analco.
En tanto, el Partido de la Revolución Democrática, a través del dirigente estatal Eric Cotoñeto Carmona, advirtió que para la próxima Legislatura los diputados electos de este organismo político impulsarán temas como el aborto, matrimonios del mismo sexo y una Reforma Política en el estado.
El líder estatal del Sol Azteca indicó que estos temas serán puesto a discusión el próximo 20 de octubre de 2013, fecha en la que se va a desarrollar la sesión plenaria de este organismo político teniendo como sede la ciudad de Puebla.
En dicha reunión se establecerá la agenda legislativa que van a seguir los diputados en el tercer periodo de sesiones de la 58 Legislatura local, en donde tendrá como premisa desahogar los temas pendientes que se encuentran en la congeladora.
Señaló que este tipo de propuestas no deben de incomodar al ejecutivo debido a que esto es un trabajo y propuesta de tipo partidista que no entran en la coalición.
La promesa
El 11 de mayo de 2010, en plena campaña electoral, Rafael Moreno Valle, entonces candidato a gobernador por la coalición Compromiso por Puebla, advirtió que de llegar a Casa Puebla no despenalizaría el aborto ni su práctica en hospitales del estado.
Ese día, en una visita a la UPAEP, MOreno Valle indicó ante estudiantes que se encuentra a favor de la vida desde su concepción y por lo tanto no aceptaba la interrupción de embarazos en ninguna circunstancia, constando esto en notas periodísticas.
“Mientras sea gobernador no voy a permitir abortos, existe ya la Ley de la Familia (…) estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la familia”, manifestó entonces el mandatario ante los estudiantes de la universidad católica.
Ahora propone que a cambio de la pena de cárcel se brindaría ayuda psicológica a las mujeres que decidan posponer su embarazo a diferencia de la pena de cárcel que fue aprobada en 2009, ley apoyada sobre todo por el Partido Acción Nacional (PAN).
En caso de aprobarse la reforma, una mujer que aborte en Puebla tendría como pena un tratamiento médico en instituciones públicas y una multa cincuenta a 500 días de salario mínimo, o trabajo a favor de la comunidad, de 80 o 250 jornadas.
Sin embargo, la propuesta no quita del todo la pena de cárcel, sino que también añade que quien caiga por segunda vez en el aborto o reincida será sometida al tratamiento médico; además de cumplir una sanción de 6 meses a un año de prisión.
Según organismos no gubernamentales (ONG), en Puebla se practican al menos 800 abortos clandestinos al año, datos recabados de hospitales donde llegan mujeres en mal estado.
La cifra podría duplicarse fácilmente, ya que otro número igual de mujeres se practican abortos clandestinos exitosos, por lo que se puede hablar que en Puebla cada día, tres mujeres se realizan una operación para perder a su bebé.
El no legislativo
En el mes de septiembre de 2011 en el estado de Puebla se veía lejana la posibilidad de reformar las leyes de aborto, ante la postura de las diferentes bancadas del Congreso local y la misma no ha sido cambiada.
La controversia surgió sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de las reformas legales en Baja California y San Luis Potosí que criminalizan el aborto.
En esos días, el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Aréchiga Santamaría, descartó la posibilidad de reabrir el debate sobre la despenalización del aborto en Puebla, inclusive indicó que hay temas más importantes
“Nosotros no hemos revisado la posibilidad de abrir este debate. Es algo que tendremos que analizar, pero traemos muchos temas prioritarios en este momento”, argumentó a finales de septiembre.
Asimismo, por las mismas fechas el coordinador de la bancada panista, Mario Riestra, aclaró que la despenalización del aborto no se contemplaba en las agendas de los partidos políticos.
Reiteró que la postura ideológica del PAN ha sido y será siempre a favor de la vida, por lo que serían respetuosos de la resolución tomada por la SCJN.
Por su parte, el diputado local del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, mencionó que su bancada legislará para que en el estado de Puebla se legalice.
“Hemos dicho que debe ser una consulta ciudadana, una consulta donde puedan participar exclusivamente las mujeres, las mujeres son las que deben decidir esa parte de cómo legislar la despenalización del aborto, porque es más un tema de ellas que de nosotros.”
Finalmente, el líder de la bancada priista en el Congreso local, José Luis Márquez Martínez, mencionó que a su debido momento se abordará el tema, pues dijo es muy complejo en el que se debe poner especial
Abortos penalizados
Intolerancia Diario solicitó mediante la Ley de Acceso de Información el número de averiguaciones abiertas y órdenes de aprehensión giradas por contra mujeres por aborto desde el mes de febrero al 30 de septiembre de 2011.
Pidió a la PGJ detallar cuántas de estas órdenes han sido cumplidas y los municipios donde se abrieron, así como las edades de las inculpadas.
En respuesta, la dependencias informó que son nueve las averiguaciones previas abiertas contra el mismo número de mujeres, cinco de ellas en el municipio de Puebla, dos más en Ciudad Serdán, así como una en el distrito judicial de Acatlán y otra en Tehuacán.
Entre las acusadas por practicarse aborto se encuentra una menor de apenas 14 años de edad, otra joven de 18, una más de 19 años, así como otras de 26 y 36 años, señala la dependencia si dar más detalles.
Respecto a las órdenes de aprehensión giradas y cumplidas, la PGJ respondió: “Hacemos de su conocimiento que no existen en los registros de esta institución durante el periodo solicitado”.
A principios de agosto de 2009, se dio el primero caso controvertido de la ley, luego de que de una joven que presuntamente indujo un aborto fue consignada ante un juez por el delito.
Ahora en Puebla, versiones extraoficiales señalan que existen 21 mujeres procesadas y nueve consignadas por interrupción del embarazo; en al menos dos casos había causales para justificar el aborto, sin embargo el desconocimiento llevó a estas dos mujeres a reconocer un delito que no cometieron y a pagar una sanción.
Ante la controvertida ley en Puebla, 115 poblanas presentaron sendas solicitudes de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, la que dicen vulnerará sus derechos inclusive de la anticoncepción.
Su representante, Brahim Zamora Salazar, explicó que son amparos indirectos contra la “reforma Bailleres”, ya que aún no existe una violación directa.
“Ahora esta ley dice que la vida empieza en la concepción y por lo que la pastilla y el DIU desecha ovulo fecundado, evitan que se instale en el útero, ¿entonces éstos van a ser ilegales?”, cuestionó.
Uno de los casos fue el de Guadalupe Luna, de 20 años de edad, quien tuvo dificultades con su embarazo de cinco meses al presentársele una fuerte hemorragia la que fue atendida en el hospital regional del IMSS de Tehuacán. Horas más tarde abortó.
Sin embargo, el Ministerio Público le inició el proceso 98/2011/TH, acusada del delito de aborto, el cual es penalizado con hasta seis años de cárcel sin derecho a fianza, como lo establece el Código de Defensa Social de la entidad.
Guadalupe Luna omitió contar a los médicos que la atendieron que utilizó tres pastillas de un fármaco controlado por el Sector Salud, el que provocó las contracciones que terminaron por expulsar el embrión.
Los médicos detectaron la utilización de abortivos, por lo que dieron parte al Ministerio Público y fue detenida la joven, quien desde entonces estuvo convaleciendo custodiada por policías, enfermeras y médicos.
Guadalupe confesó haber comprado el medicamento, ya que decidió interrumpir su embarazo porque su pareja se negó a apoyarla, argumento que carece de efectos legales en el estado.
Iglesia, a favor
Apenas en septiembre, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se pronunció por quitar la pena carcelaria a mujeres que abortan en Puebla y cambiarla por tratamientos médicos, psicológicos y atención “espiritual”.
“(…) hay que darle seguimiento a la persona que en este caso abortó, porque sí llegó a extremo pues fue por algo, ¿no? Y hay que darle un acompañamiento en todos los aspectos: médico, psicológico y espiritual, porque es una persona que sufre mucho.”
—En Puebla y varios estados hay una pena para quienes abortan, ¿qué se debería hacer entonces, en lugar de meter a las mujeres que deciden abortar a la cárcel?
—Yo lo que decía es que hay que buscar la forma de dar acompañamiento a estas personas. Yo hablaba de una permuta (en vez) de criminalizar a una persona que llega a esta situación, por un seguimiento, un acompañamiento médico, psicológico para ayudar a esta persona a salir de esta situación.
—¿Se les tendría que imponer un trabajo social obligado?
—Alguna cosa parecida —contestó el arzobispo.
—También se ha dicho que el castigo a las mujeres que abortan es sexista, porque se deja a los hombres a salvo de cualquier responsabilidad —le comentaron.
—Eso es otra cosa, (también hay que) ver la culpabilidad de estas personas, en este caso del hombre.
La ley actual
El Código de Defensa Social para el Estado de Puebla sanciona de uno a tres años de cárcel a quien provoque un aborto con consentimiento de la mujer embarazada; de tres a seis años de prisión si falta el consentimiento de ella, y de seis a ocho años de cárcel si emplean violencia física o moral
Además, si el aborto es causado por un médico, cirujano o partera, se suspenderá de dos a cinco años el ejercicio su profesión.
