Ni el Congreso local conoce cuáles son los municipios que cuentan o no con licencias de portación de armas. La información ya la solicitó el Congreso local al Consejo de Seguridad. En los próximos días, el Congreso espera recibir la información. En tanto, los diputados locales Gerardo Mejía y Héctor Alonso Granados criticaron a las autoridades municipales de San Andrés Cholula y solicitaron una revisión a fondo de sus Policías.
La preocupación de los diputados se intensificó luego de los sucesos en San Andrés Cholula, donde policías sin licencia dispararon quitándole la vida a alguien.
El diputado del PRI Gerardo Mejía señaló que es preocupante la ausencia de permisos federales para la portación de armas. En tanto, el legislador condenó los hechos sucedidos en el municipio de San Pedro Cholula.
Mejía dijo que a partir de la información que el Congreso del estado de Puebla solicitó el pasado 10 de octubre, los legisladores evaluarán a fondo la ausencia de los permisos federales para portación de armas en los municipios.
El legislador no quiso adelantar vísperas sobre las acciones que podría realizar el Legislativo estatal en tanto no cuente con un reporte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Gerardo Mejía, envió, el pasado 10 de octubre, un oficio dirigido a Juan de la Cerda Herminda, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solicitando que envíe al Congreso un reporte del estado que guardan las licencias oficiales para la portación de armas de los cuerpos policíacos. Los diputados están a la espera de recibir esta información.
La vía que podría seguir el Congreso sería intervenir en este tema a través de la Comisión de Seguridad. Por ley, la dependencia cuenta con nueve días hábiles para enviar la información respectiva.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, Héctor Alonso Granados, señaló que tanto en municipios como San Andrés Cholula como en Chachapa, donde se registró una explosión que también le costó la vida a ciudadanos, se muestra la corrupción en distintas áreas de gobierno tanto municipal como federal: “Este es el mal que nos aqueja en todo México, con unas gaseras que la Secretaría de Energía no revisó.”
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso equiparó lo sucedido en San Andrés Cholula con la explosión en Chachapa: “Negligencia, la mezcla da un cóctel explosivo. Esto es realmente en que los discursos se deben transformar en hechos. Un llamado tanto al gobierno federal como al municipio de San Andrés a que debe checar cómo están estas áreas tan sensibles. Esto va a ser motivo de origen de una investigación muy minuciosa. Porque estas áreas tan delicadas qué personal tienen”.
Alonso Granados afirmó que la comisión que preside está constreñida a emitir exhortos a las autoridades municipales en estos temas: “Nosotros, como Comisión de Seguridad Pública, lo único que podemos hacer es hacerles la recomendación, porque no está en el ámbito de nuestras facultades el poder destituir o no a un policía. Se lo podemos pedir al gobernador, a los munícipes, al gobernador o al presidente de la República; eso es atribución municipal”.
El legislador coincidió con el diputado del PRI Gerardo Mejía en el sentido de que no está disponible información sobre las licencias de portación de armas en los municipios de la entidad. El legislador acotó que la portación de los permisos es responsabilidad de las autoridades municipales: “Pues todos suponemos que traen la licencia en orden, a mí sólo me consta que la Policía estatal sí está regularizada. De las policías no tengo el conocimiento”.
Para Alonso, la información sobre los elementos policíacos que portan armas es responsabilidad el director de Seguridad Pública de cada municipio. “A todas luces, es una irregularidad que deberán enfrentar los responsables del área de armamento de la Policía, de cómo entregan este tipo de personal que entregan las armas a personal que no están capacitados. Corresponde a la Dirección de Seguridad Pública de San Andrés revisar toda su estructura”.
El diputado del Partido Nueva Alianza hizo una comparación entre lo sucedido en San Andrés y lo sucedido en la gasera de Chachapa, señalando que en ambos casos la negligencia y la ineficiencia le costaron la vida a los ciudadanos, planteando que en ambos casos se trata del ámbito tanto municipal como federal, que son los que deben atender dichas anomalías. “Lo mismo que sucedió en la gasera de Chachapa, que no tienen licencia para estar trabajando”.
La Ley Federal de Portación de Armas señala, en su artículo 81, que se sancionará con penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 200 días de multa a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 8 y 10 de la esta ley sin tener expedida la licencia correspondiente. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.
