Al asegurar que resulta lamentable la privatización del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), el director general del Instituto de Ciencias Jurídicas (ICI) Germán Molina Carrillo reveló que cerca de 15 instituciones de educación superior y un centenar de trabajadores de las mismas interpusieron amparos en contra de la medida gubernamental que privatiza el servicio del agua en la entidad.
Ante eso, reveló que los amparos que se presentaron fueron de carácter particular, en busca de resoluciones generales, porque coinciden en que el servicio de la actualidad es muy malo y así no puede hacerse más caro porque con la normatividad, el Congreso del estado de Puebla hipotecó el servicio del agua en Puebla, que es un elemento natural indispensable para los ciudadanos “porque todos dependemos del agua”.
La medida del gobierno de Puebla generará serias afectaciones en la economía de las familias: “Los amparos son por persona, porque cada usuario del SOAPAP tiene que plantear su queja, pero si hay un número importante de amparo con los jueces de distrito puede darse una resolución general que beneficie a todos los ciudadanos; parece que estos amparos todavía tendrán otras instancia, pero no pueden privatizar un servicio que es malo y caro, pero también que empuja a que los ciudadanos manifiesten su descontento con la medida”.
Los ciudadanos serán afectados con la privatización, dijo Molina Carrillo, pero además resultan afectados los poblanos de las regiones rurales: “Nos parece que la decisión de las autoridades poblanas, del Congreso del estado y de la propia Federación debe ser porque no se privatice el servicio del agua”.
El problema del SOAPAP, reveló el director general del ICI, es la corrupción, los “temas oscuros” y la opacidad con que se maneja desde hace mucho tiempo, por lo que tiene que ser replanteado y revisado, para que a partir de ahí se generen propuestas viables en las que los ciudadanos vigilen el servicio, ya que “no se pueden crear elefantes blancos con problemas y con mucha corrupción al interior, que no resuelve problemas del municipio; con los mecanismos avalados no hay una seriedad de que el servicio se vaya a mejorar”.
La primera medida legal que tienen a la mano, dijo Germán Molina Carrillo, son los amparos pero también consideran recurrir a diferentes acciones por medio de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos para revertir la reforma avalada por el Congreso de Puebla y lograr que se busquen otros mecanismos que no afecten la economía de los ciudadanos.
Germán Molina reiteró que los amparos se presentaron de manera individual, pero a la decisión se sumaron muchas universidades: “Son trabajadores de al menos 15 instituciones de educación superior los que buscamos una revisión de la reforma; los amparos ya están en proceso y esperamos la resolución de los jueces de distrito”.
