En la primera ponencia de la mañana, durante el Foro de Transparencia organizado por la UAP y la CAIP, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Salvador Nava, resaltó que no hay democracia deliberativa si se carece de acceso a la información.
El magistrado realizó un recuento de cómo se han ido construyendo en México las instituciones autónomas electoral en derechos humanos y de transparencia.
El magistrado señaló que en la actualidad se ha ido avanzando en el reconocimiento de la transparencia como un derecho humano.
Nava le dio la bienvenida la recién aprobada reforma en materia de transparencia, la cual le permitirá al IFAI resolver en algunas circunstancias controversias de transparencia de los órganos locales.
El doctor en Derecho Constitucional señaló que el derecho es una red en la cual no podemos disociar ninguno de los elementos que la componen de otros, y afirmó sobre la reforma recién aprobada: “La reforma que se acaba de aprobar plantea algunas interrogantes importantes”.
El magistrado afirmó: “Creo en la autonomía de la IFAI pero veo felices controversias”.
Nava consideró que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) es uno de los organismos más transparentes del país debido a que la mayoría de las actividades se realizan sin opacidad: Desde la compra de lápices hasta las resoluciones del órgano colegiado, las cuales se graban y están disponibles en línea, por lo que estimó que el tribunal es un órgano confiable.
“No hay necesidad de pedir las cosas porque están ahí”, afirmó el magistrado del Tribunal Estatal Electoral.
Haydeé Pérez Garrido, de Fundar, señaló que los gobiernos gastan recursos públicos en promoverse, en lugar de informar sobre los programas públicos como sucede en otros países como Canadá.
Además, Pérez García coincidió en que es más importante que la información esté presente en las páginas gubernamentales, en lugar de que el ciudadano tenga que buscarla, algo que consideró irreal, debido al pasado de corrupción que vivió nuestro país el siglo pasado que ha vuelto a los ciudadanos en seres desconfiados ante las autoridades gubernamentales, por lo que apeló a que los servidores públicos mantengan una interacción directa con los ciudadanos.
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Más tarde, en un panel sobre información de interés social, la representante de Fundar, Haydeé Pérez Garrido, criticó el uso de la publicidad oficial para que los gobiernos se promuevan.
Pérez García señaló que se debe acabar con el mito que entre más solicitudes de información existen o que el derecho a la información debe masificarse.
Pérez García señaló: “Se le ha puesto mucha sofisticación que la interacción ciudadanía-Estado debe ser más fluida, no solamente con las Comisiones de Acceso a la Información. Cada dependencia cada funcionario que provee de información de resultados es una manera de garantizar el acceso a la información. No sólo información que podemos esperar del propio gobierno”.
La representante de Fundar criticó que los gobiernos gasten carretadas de dinero en promover a sus gobiernos con publicidad oficial: “De ahí la importancia de los presupuestos millonarios. En el proyecto de publicidad oficial, es irónico, nos parece que en mayor o menor medida en nuestro país se utiliza el presupuesto de comunicación social, lo que uno ve en la televisión es el gobierno anunciándose y promoviéndose”.
Pérez García afirmó que en otros países, como Canadá, el gobierno no se anda promoviendo y anunciado, sino que la publicidad oficial se ocupa para que se hable de los trámites, servicios, becas. “Eso no sucede en nuestro país”.
La representante de Fundar planteó que la información debe ser socialmente útil y criticó que no se genere información de parte de los gobiernos que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones en beneficio de la sociedad.
“No tenemos estadísticas homologadas entre estados y municipios”, recordó Pérez García en el caso del INEGI.
“En muchos casos las estadísticas están atravesadas por fines políticos. No hemos avanzado en términos del acceso a la información ni de cómo la estamos utilizado para tomar decisiones”.
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El magistrado celebró la aprobación en la Cámara de la reforma a la Ley de Transparencia y comparó la transparencia con una carrera de fondo donde lo más importante es no parar: “Tenemos recorrido un largo camino conforme a las instituciones democráticas”.
Asimismo, advirtió de la estrecha relación entre transparencia y elecciones democráticas: “No podríamos pensar en elecciones democráticas sin transparencia”.
Y afirmó que en los últimos años nuestro país ha avanzado porque en el siglo pasado; “antes no era así”. E hizo un recuento sobre la carencia de organismos para proteger distintos derechos: “No teníamos órganos de protección de los derechos humanos.
”El derecho es una red en la cual no podemos disociar ninguno de los elementos que la componen de otros. La reforma que se acaba de aprobar plantea algunas interrogantes importantes. Creo en la autonomía del IFAI, pero veo felices controversias”.
El magistrado afirmó que una de las reglas de los políticos y funcionarios era ufanarse del poder de la información: “Soy tan poderoso porque tengo información que tú no podías tener”, lamentando el comportamiento de la clase política.
“Hoy no es sí. Hoy la visión del poder está en el centro del estado, la posibilidad real de ir con los órganos para que se nos proporcione esa información que no se nos ha dado.
”Hoy tenemos la posibilidad de denunciar cualquier violación, por mínima que sea. Esto no siempre ha sido así”.
El magistrado hizo un recuento de la creación de las instituciones electorales, como la creación de la Comisión Electoral, y recordó que en gran parte del siglo pasado no había mecanismos jurisdiccionales para entrarle a la impugnación de los procesos electorales.
El magistrado recordó que fue hasta 1977 cuando se reconoció el derecho a la información y cuestionó: “¡Cómo podemos hablar de una democracia deliberativa! No tendríamos una democracia sino tendríamos los elementos para opinar. La democracia no descansa en el consenso sino en el disenso, si no tenemos los elementos para saber lo que está sucediendo podríamos decir que no tenemos esa democracia. Los derechos humanos son una realidad que nos obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos de las personas. Aquí tiene el legislador un reto importante”.
El ministro afirmó sobre la experiencia de 2006, cuando la revista Proceso solicitó que se hiciera pública la información de todas las papeletas electorales de la elección, poniendo en juego la relación entre derecho electoral y transparencia que se había dejado de lado.
Nava planteó que en los últimos años, a pesar de las reticencias, en el tema electoral se ha conjuntado la demanda de mayor transparencia al menos en los siguientes cuatro temas de acceso a la información.
“En el derecho de los militantes a conocer la información de su partido, como la petición de un militante del PRI para saber cuánto gana el personal que está en el Directivo Estatal y en el Comité Ejecutivo Nacional. Cualquier militante tiene derecho a saber las prerrogativas”, señaló el magistrado.
“La demanda de los ciudadanos por conocer información de los partidos políticos. Un ciudadano pide conocer los ingresos o algunas otras cuestiones de los integrantes de los partidos políticos. Como los partidos son entes de interés público, tienen una regulación estatal, tienen financiamiento público y tienen financiamiento privado. Esta función de interés público es transparente. Todos los ciudadanos podemos pedir esa información”.
Y finalmente, afirmó el magistrado que el derecho a saber es autónomo de otro derecho. “Se trata de un derecho fundamental. No necesitamos estar supeditado a otra cosa”.
