A pesar de que en noviembre del año pasado la fracción del PAN, a través del diputado Juan Carlos Espina von Roherich, presentó al Congreso local una iniciativa de ley para regular la información gubernamental en el estado de Puebla, la iniciativa permanece olvidada.

Organizaciones como Fundar han advertido sobre los riesgos para la sociedad de que el gobierno defina de manera discrecional cómo gastar los recursos de comunicación gubernamental y, en el mismo sentido, que la repartición discrecional de la pauta debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político.

La iniciativa que el actual Congreso ha olvidado plantea mecanismos claros para la publicidad de gobierno y evita que se vuelva una manera de promover a los gobernantes y de buscar concesiones políticas: “La publicidad gubernamental debe ser entendida como un canal de comunicación entre el Estado y la población y, por tanto, debe manejarse de manera clara, objetiva, fácil de entender, necesaria, útil y relevante para el público. La publicidad oficial o gubernamental también puede estar dirigida a audiencias en el exterior, para promover los intereses de la población local y atraer inversiones extranjeras, pero siempre siguiendo principios claros y razonables en la compra, asignación y distribución de la misma”.

Así pues, el gobierno está obligado a usar los medios, soportes y formatos que mejor garanticen el acceso y la difusión de la información.

“La falta de una regulación clara y concreta en el estado de Puebla atenta contra la transparencia y favorece la discrecionalidad en materia de publicidad oficial o gubernamental. En general, las diferentes etapas vinculadas a la asignación, contratación, producción, distribución y control de la publicidad gubernamental, así como los organismos encargados de llevarlas a cabo, no cuentan con regulaciones claras y adecuadas a nivel estatal ni municipal”, señala la iniciativa de regulación de la publicidad gubernamental que ha sido olvidada por los actuales diputados.

Además, de acuerdo con Fundar, en el 2011, en Puebla, el gasto en televisión representó 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13%) del gasto total, semejante al del Distrito Federal.

A nivel federal, las condiciones de discrecionalidad y del uso de la comunicación gubernamental son semejantes.  

Entre las virtudes de la iniciativa de ley de comunicación gubernamental que el Congreso no ha discutido se encuentran la regulación para que los sujetos obligados presenten un plan anual de comunicación social donde establezcan: relación de campañas programadas especificando su prioridad, concepto rector, objetivos y metas; objetivos vinculados con la planeación sectorial, objetivos de comunicación, posicionamiento y conceptos prioritarios a comunicar, población objetivo, cobertura geográfica, calendarización, tipo de medio de difusión a utilizar, propuesta y justificación de selección de medios, planeación de erogaciones y distribución de recursos presupuestarios.

La iniciativa propone con claridad cómo debe conducirse la publicidad gubernamental, de “interés y utilidad públicos”: “La comunicación gubernamental debe ofrecer información de interés y utilidad públicos para los ciudadanos y no debe perseguir fin distinto al de lograr el bienestar general de la comunidad; transparencia en el proceso de contratación: A fin de evitar la discrecionalidad y facilitar el control, debe garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda información relacionada con la utilización de los recursos públicos destinados a la comunicación gubernamental; equidad en la distribución y pluralidad de medios”.

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Esta semana, durante la reunión de Mejores Prácticas, organizada por la CAIP y la UAP, la representante de Fundar, Haydé Pérez García, criticó el dispendio que los gobiernos realizan al ocupar la partida de comunicación social para promover obras y personajes de gobierno en detrimento de la sociedad, a la que no se le proporciona la información sobre programas y servicios públicos, como sucede en otros países como Canadá, en donde la partida para comunicación gubernamental se ocupa para dar a conocer programas benéficos para los ciudadanos.

Aide Pérez García, de Fundar, señaló que los gobiernos gastan recursos públicos en promoverse en lugar de informar sobre los programas públicos, como sucede en países como Canadá.
Además, Pérez García coincidió en que es más importante que la información esté presente en las páginas gubernamentales y no que el ciudadano tenga que buscarla, algo que consideró irreal debido al pasado de corrupción que vivió nuestro país el siglo pasado, que ha vuelto a los ciudadanos en seres desconfiados ante las autoridades gubernamentales, por lo que apeló a que los servidores públicos mantengan una interacción directa con los ciudadanos.

La representante de Fundar criticó que los gobiernos gasten carretadas de dinero en promover a sus gobierno con publicidad oficial: “De ahí la importancia de los presupuestos millonarios en el proyecto de publicidad oficial, es irónico, nos parece que en mayor o menor medida en nuestro país se utiliza el presupuesto de comunicación social; lo que uno ve en la televisión es el gobierno anunciándose y promoviéndose”.

Pérez García afirmó que en países como Canadá el gobierno no se anda promoviendo y anunciado, sino que la publicidad oficial se ocupa para que se hable de los trámites, servicios y becas: “Eso no sucede en nuestro país”.

La representante de Fundar planteó que la información debe ser socialmente útil y criticó que no se genere información de parte de los gobiernos, que ayude a los ciudadanos a tomar decisiones en beneficio de la sociedad.

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De acuerdo con el reporte de Fundar, Publicidad Oficial, el costo de la legitimidad en los estados, señala: “Más de la mitad de los estados violan el derecho de acceso a la información al no proporcionar datos suficientes sobre sus gastos en publicidad oficial. Las entidades federativas se gastan montos millonarios sin reglas claras: en 2011, 27 entidades informaron haberse gastado 4,518 mdp”.

Además, Fundar, en el reporte Publicidad Oficial, el costo de la legitimidad en los estados, refiere que: “Ningún estado tiene una norma específica que determine los criterios de asignación de la publicidad oficial. Esta repartición discrecional de la pauta debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político”.

El reporte presentado en abril de este año expone que Puebla destina 63% de su presupuesto de comunicación a las televisoras: “De acuerdo a la información entregada por las entidades federativas, existen varios estados que destinan más de la mitad de su resupuesto en publicidad oficial a la televisión. En 2011, en Puebla, el gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal y en el Estado de México es del 62%. En el DF, Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%”.

Además, el informe resalta que la permanencia de prácticas regresivas en materia de acceso a la información sobre los gastos en publicidad oficial favorece la opacidad y la suspicacia y con ello se alienta un uso desviado de estos recursos por parte de gobiernos que construyen su legitimidad a través de un simulacro de información en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.

A nivel federal, los gastos en comunicación gubernamental no se han controlado.

El pasado 13 de noviembre, Fundar y más de 20 organizaciones de la Sociedad civil solicitaron al Gobierno Federal regular la comunicación gubernamental con prácticas transparentes y equitativas.

A través de una declaración, las organizaciones señalaron que los excesos del sexenio pasado se podrían repetir. A lo largo del gobierno de Felipe Calderón se documentaron sobreejercicios, gastos millonarios y asignaciones discrecionales de los recursos para publicidad oficial. De 2007 a 2012, la administración pública federal gastó 27 mil 165.56 millones de pesos para el concepto 3600 publicidad y comunicación social. Con este presupuesto, el gobierno de Felipe Calderón hubiera podido construir 2 mil 716 escuelas primarias con capacidad para 100 niños. De estos 27 mil 165.56 millones de pesos, 66% se sobreejerció, es decir, se gastaron 17 mil 907 millones más que los 9 mil 258 millones originalmente presupuestados.

Fundar advirtió que a pesar de que hubo un cambio de gobierno pueden repetirse viejas prácticas: “A pesar de las promesas políticas del nuevo presidente Enrique Peña Nieto en materia de publicidad oficial, el estatus quo prevalece a nivel nacional y no existen señales de cambios en las prácticas por parte de la nueva administración ni indicio de voluntad política para caminar hacia una regulación y control del gasto”.

Los recursos presupuestados no disminuyeron. A pesar del cambio de administración, el monto asignado a publicidad oficial para 2014 es similar a lo presupuestado en los últimos tres años y alcanza un monto total de 2 mil 116.02 millones de pesos. Este monto equivale a la mitad del recorte en gasto para cultura previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2014. Peor aún, estos recursos son muy cercanos al monto de 2 mil 200 millones que se recortará en el presupuesto para las universidades públicas en 2014, según el análisis que hicieron varios rectores.

Recursos ejercidos sin reglas claras. La administración federal centralizada y paraestatal ejerció 698.4 millones de enero a julio de 2013 en publicidad oficial, según los gastos reportados en el sistema de comunicación social COMSOC. Si bien estas cifras son inferiores a lo que se ejercía durante el gobierno anterior, la falta de reglas, la opacidad y la concentración del gasto son prácticas que siguen vigentes.

De dichos recursos, 30% se destinó para televisión (208.8 millones), 26% a prensa escrita (179.6 millones) y 15% a la producción (103.9 millones). De todo el gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal, 17% ha sido contratado con una misma empresa: Grupo Televisa, con facturas cuyo monto total alcanza 116.5 millones de pesos.