Será la próxima semana cuando quede aprobada la reforma a la Ley Orgánica Municipal sin que haya desaparición de las juntas auxiliares, pero sí se pondrá orden para evitar que se cometan abusos y se confirma que quedarán como órganos desconcentrados, informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Mario Riestra Piña.

Luego de que el Partido Revolucionario Institucional presentara su propia propuesta, el líder del Congreso explicó que la iniciativa inicial está avalada por todos los partidos políticos representados en el Congreso, pero la propuesta alterna que presentó el grupo legislativo del PRI “tiene muchas coincidencia” con los puntos fundamentales que se pretenden reformar.

Mario Riestra aseguró que los diputados están abiertos al diálogo y señaló que, tras las reuniones que ha sostenido con los ediles auxiliares, acordaron que el mando policial quede en manos de las administraciones municipales, por lo que será la única autoridad facultada para proporcionar la seguridad pública en estas demarcaciones.

Subrayó que en el tema del Registro Civil continúan cabildeando y entablando los puentes de comunicación con el gobierno de Puebla para determinar los parámetros de transparencia y rendición de cuentas bajo los que tendrían que operar, para que las juntas auxiliares mantengan el control de esta instancia.

Riestra Piña confió que en los próximos días las fracciones parlamentarias y los ediles auxiliares lleguen a un acuerdo y se pueda sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica Municipal y se brindé la certeza jurídica a los ciudadanos que viven en las juntas auxiliares que se hará un buen uso de los recursos públicos, se ofertan servicios de calidad y contarán con mayor seguridad pública.

En la entrevista, recordó que la iniciativa se propone que sean órganos desconcentrados del ayuntamiento, dependientes de la Secretaría de Gobernación municipal o su equivalente en la estructura administrativa, sujetos a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal en aquellas facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción.

Indicó que hay que actuar conforme a la constitución es necesario establecer que se trata de sus pueblos y sus juntas, suprimiendo con ello las palabras “gobiernos” y “autoridades de los pueblos”, dejando el término sólo aplicable al municipio y a su Ayuntamiento como la base constitucional que el artículo 115 establece.

El legislador presentó como segundo aspecto el de seguridad pública, y precisó que existe una ambigüedad en el ejercicio de facultades del ayuntamiento y juntas auxiliares, lo que dificulta garantizar la seguridad y el orden público en los centros de población distintos a la cabecera municipal.

Advirtió que en algunas ocasiones han prevalecido decisiones unilaterales que han obstaculizado el buen desempeño de la función policial, además de dificultarse la unidad de mando para combatir el crimen y el cabal cumplimiento a las normas federales y locales que regulan el reclutamiento y la operación de los cuerpos de seguridad.

“Las Policías de las juntas auxiliares incumplen los criterios de reclutamiento y exámenes de control de confianza. Además de contravenir lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, que señala, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios”.

Con la reforma una junta auxiliar deberá dar las facilidades para que el ayuntamiento procure la seguridad y el orden público acorde a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, por lo que se elimina como atribución de la junta nombrar a su comandante de Policía.

Mayor certeza jurídica
El grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del estado de Puebla, encabezado por el diputado Ernesto Leyva Córdova, presentó una iniciativa de decreto para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica a las 611 juntas auxiliares del estado a partir del fortalecimiento de su figura política administrativa, la regularización de los mandos policiacos y el respeto de sus usos y costumbres.

Ante el pleno, el diputado enfatizó que la fracción del PRI está en contra de la desaparición de las juntas auxiliares, pues representan entes con historia y tradición, que se han constituido como verdaderos promotores de integración y participación ciudadana, defensores y garantes de la cultura, las costumbres y tradiciones de los pueblos.

“Estamos en contra de cualquier pretensión que tenga como fin la desaparición material, aun sin ser expresa, de las juntas auxiliares; de toda propuesta que, sin centrarse en la desaparición textual de las juntas auxiliares dentro de la normatividad promueve a través del debilitamiento de su estructura y la reducción de sus atribuciones”, abundó.

De esta manera, con esta iniciativa se pretende que las juntas auxiliares, al ser una extensión de los ayuntamientos, gocen de autonomía en distintos rubros y tengan a su cargo la prestación de ciertos servicios, de manera individual o compartida con estos últimos, y de esa forma maximizar resultados en beneficio de la ciudadanía.

Leyva Córdova señaló la urgencia de que esta Legislatura actualice su marco jurídico, con el objetivo de todos los entes públicos y, en consecuencia, los ciudadanos cuenten con certeza sobre sus atribuciones y ejercicio, así como de los niveles, instancias y órganos encargados de la prestación de obras y servicios públicos, respectivamente.

Con esta reforma, por primera ocasión se otorga certeza legal a través de la definición de la naturaleza jurídica de las juntas auxiliares, siendo órganos político-administrativos desconcentrados de los municipios, con autonomía funcional para ejercer las atribuciones reconocidas por la ley, se justifica la existencia y creación de estos órganos a través del otorgamiento de mayores atribuciones y el fomento a la rendición de cuentas en cuanto a los recursos públicos que ejerza.

Del mismo modo, seguirán siendo electas resultado de la voluntad popular, y al ser dependientes de los municipios deberán rendir informes y cuentas ante el ayuntamiento del que se trate, quien incluirá lo correspondiente en los apartados respectivos al momento de presentar su cuenta pública ante los órganos de fiscalización.

De igual manera, se ampliará y regulará la asignación de recursos, resultado de la propia distribución de competencias. También se propone regular su funcionamiento y establecer su estructura dentro del Bando de Policía y Gobierno, así como de los reglamentos y disposiciones generales que emitan los ayuntamientos con colaboración de las juntas auxiliares, quienes tendrán, además, la atribución de emitir sus propias normas administrativas, siempre y cuando éstas se apeguen a los criterios de la administración pública municipal.

Se reconoce el derecho y se amplía la intervención de las Juntas Auxiliares dentro del proceso de planeación del desarrollo de los municipios, se facilita la coordinación de las Juntas Auxiliares con los Ayuntamientos, para la prestación de los servicios públicos que por ley le correspondan y se faculta para imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos.

Se clarifica la redacción en cuanto a la observancia obligatoria de los requisitos y procedimientos para la modificación del territorio municipal, lo cual incide en la existencia de juntas auxiliares.

Se estipula y reconoce en la ley la facultad de las juntas auxiliares para expedir constancias de vecindad. Del mismo modo, con esta iniciativa se establece la colaboración dentro del proceso de transparencia y ordenamiento patrimonial del municipio y se reconoce el derecho de las juntas a acceder a recursos económicos extraordinarios, resultado de la colaboración o la prestación directa de algún servicio público.

Otra de las ventajas es que se fortalece la rendición de cuentas de los pueblos, a través de la práctica de auditorías, y la participación dentro del proceso de entrega-recepción de las juntas, por parte de la autoridad municipal.

Además, respecto al nombramiento de los titulares de seguridad pública de los pueblos, se escuchará la opinión de las juntas, además, se promoverá la colaboración de estas en acciones de prevención en materia de seguridad pública, o aquellas que el ayuntamiento le delegue.