La diputada panista Denisse Ortiz Pérez demandó revisar las condiciones de las áreas de los centros de reinserción social en el estado destinadas a las mujeres, así como agilizar los programas de preliberación una vez que presuntamente se encuentran detenidas.
La legisladora explicó que en la sesión ordinaria anterior presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla a realizar una revisión de los convenios que se han celebrado con el Centros de Reinserción Social en Puebla respecto a educación y atención médica, tanto a hijos como a mujeres que se encuentran en reclusión.

Explicó que tanto la educación como la asistencia médica son derechos que los niños y niñas deben recibir, pese a esto no todos lo tienen, tal es el caso de los hijos de las mujeres que se encuentran en reclusión.

Advirtió que esos derechos se ven obstaculizados debido a que el establecimiento penitenciario del estado no cuenta con suficiente instrumental médico, hay escasez de medicamentos y no hay suficiente personal médico y psicológico, además de no contar con personal y material para que estos niños y niñas reciban una educación inicial adecuada que permita su desarrollo integral.

La legisladora reiteró que su llamado en el pleno fue para insistir en el tema de Educación Inicial no se puede dejar de lado, mismo que se trató en este pleno con anterioridad dando inicio a la creación de la Ley de Educación Inicial con la reforma al artículo 49 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.

Añadió que pese a que la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados se establece en el artículo tercero, párrafo uno y dos, al igual que en su artículo 11 párrafo tercero, así como en el orden jurídico poblano en su artículo 128, hacen mención a la necesidad de establecer convenios entre los centros de reinserción social con las instituciones correspondientes para así brindar la atención debida, para el mejoramiento del desarrollo infantil de los (as) hijos (as) de las mujeres en reclusión, por el momento no se ha avanzado.

Expresó que su petición es con respeto a la Secretaría General de Gobierno de Puebla para que se realice una revisión de los convenios que se han celebrado con el Centros de Reinserción Social en Puebla respecto a educación y atención médica, tanto a hijos como a mujeres que se encuentran en reclusión. Dicha celebración de convenios se establecen en el artículo 3, párrafo uno y dos de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social, así como en el orden jurídico poblano en el artículo 128.

Posteriormente se refirió al tema de las preliberaciones e indicó que luego de que se impartió una conferencia ante poco más de 100 mujeres reclusas en donde se mostró una gran inquietud por parte de estas personas debido a que este beneficio establecido por derecho no se está llevando a cabo.

Indicó que las internas manifiestan que muchas de ellas han cumplido con 60 por ciento de su sentencia, requisito establecido en la fracción primera del artículo 54, pese a ello no se está otorgando dicho beneficio de preliberación, lo que puede incidir en efectos negativos de la sanción de privación de la libertad, ya que esta acción se da con la finalidad de que los internos de los Centros de Reinserción Social cumplan con su sentencia de la mejor forma posible, bajo las normas de estos centros.

Ortiz Pérez indicó que por ello se considera prudente verificar el cumplimiento y proceso de este tratamiento de preliberación.
Expresó que también en la sesión del pasado jueves presentó otro punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de General de Gobierno del estado de Puebla, a que se coteje el debido cumplimiento del tratamiento preliberacional de los reclusorios en Puebla, mismo que se establece en la ley de ejecución de medidas cautelares y sanciones penales para el estado de Puebla en sus artículos 52, 53, 54 y 55. 

Tome nota
En el Centro de Reinserción Social de Puebla se tiene una población de 248 mujeres recluidas, de las cuales nueve de ellas viven acompañadas de sus hijos menores de 4 años.