El Congreso local se alejó de los ciudadanos. En el último tramo de la actual Legislatura, el Congreso aprobó iniciativas sin realizar una consulta entre especialistas y ciudadanos afectados por sus decisiones.
La Legislatura local privilegió la rapidez en la aprobación de las leyes más que lograr leyes consultando a los ciudadanos.
En este año, el Congreso midió con diferente rasero iniciativas de ley: mientras se aprobó en fast track una ley de protección animal, a petición de organizaciones de animales, no se consultó a los ciudadanos y especialistas en el tema de las reformas a la Ley Estatal del Agua.
El reporte del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) sobre el Congreso local —presentado en diciembre de 2012—resaltó la falta de transparencia del órgano legislativo, pero más grave aún que los ciudadanos no eran consultados durante el proceso de creación de las leyes.
Este rasgo descrito por el informe del CEEY se profundizó este año. Al aprobarse las reformas a la Ley Estatal del Agua, el Congreso no realizó ningún tipo de consulta.
La reacción social no se ha hecho esperar: marchas y la denostación de los legisladores que aprobaron dicha reforma impopular, reacciones de la falta de consenso.
Corrigió pero fue insuficiente
De acuerdo con una evaluación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, realizada sobre el primer año de trabajo de la actual Legislatura, los especialistas coincidieron en que en el primer año de la actual Legislatura “existe una alta cohesión de los grupos parlamentarios, que los diputados asisten con regularidad y puntualidad a sus sesiones, que no incurren en interferencias que obstruyan el cumplimiento de las funciones del órgano legislativo y que un alto porcentaje de las iniciativas presentadas se discuten y se aprueban”.
Pero el mismo reporte enfatiza que gran parte de lo que sucede en estos procesos legislativos carece de una participación real de la ciudadanía.
El informe relativo al primer año de funcionamiento del Congreso señala que en el proceso legislativo en el Congreso de Puebla no se hace público y que muchas iniciativas se discuten y aprueban en tiempos récord, sin la debida deliberación de los diputados presentes en el pleno y sin la participación real de la ciudadanía.
Cabe resaltar que dicha evaluación no toma en cuenta lo realizado en 2012 y en 2013. En 2012 se realizaron nombramientos de comisionados y consejeros ciudadanos y se aprobó la iniciativa de ley electoral, fast track, conocida como “ley Mondragón”.
La evaluación sobre el primer año de la actual Legislatura se dividió en dos partes: la evaluación del desempeño institucional y la evaluación legislativa. En la evaluación institucional se revisaron facultades de control (6.41), facultades legislativas (6.6) y facultades representativas (8.83), dando una calificación final, en este rubro, de 7.29.
En la evaluación legislativa, los paneles discutieron las siguientes leyes aprobadas por el Congreso en su primer año: reforma electoral (6.8), Ley Orgánica del Congreso (5), transparencia (6.2), seguridad pública (4.67), derechos de propiedad (6.1) y reforma penal (3.52), lo que dio un total de 5.4.
Pero la percepción del trabajo de los legisladores en su primer año de trabajo es que éstos, a pesar de la “homogeneidad” en las votaciones y en la rapidez para aprobar las leyes, pierden la oportunidad de ir “más allá” de las actualizaciones legislativas repitiendo los esquemas a nivel federal, lo que a juicio de los expertos no significa necesariamente una mejoría en las leyes locales.
De acuerdo con dicho documento, la percepción registrada en el estudio de que los diputados acuerdan las votaciones entre las dirigencias de los partidos sin consultar a los ciudadanos y ocultan información sobre el proceso legislativo, como los dictámenes o el registro estenográfico de las sesiones, agrava la opacidad del Congreso de Puebla.
Este año, el Congreso local buscó subsanar algunas de las deficiencias que resalta el estudio de la fundación Espinosa Yglesias. Apenas la semana pasada, la CAIP reconoció una mejoría del Congreso, en materia de transparencia, al ser evaluado por la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP), donde obtuvo 98.78.
La calificación que consiguió el Congreso del estado de Puebla representa un incremento de más de 20 puntos con relación al 2012. La CAIP es el organismo encargado de difundir y garantizar el acceso a la información pública, y evalúa si los sujetos obligados cumplen con tener en su portal de internet la información pública de oficio establecida en la ley.
La evaluación del Congreso de Puebla considera el cumplimiento de las obligaciones de los artículos 11 y 14. El primero abarca 80 por ciento de la evaluación y el segundo 20 por ciento. Algunos de los puntos calificados son: Indicador de Información Financiera, Indicador de Vinculación Ciudadana, Indicador de Marco Regulatorio e Indicador de Estructura Organizacional. La Gaceta Parlamentaria, Diario de Debates, Asignación de bienes y Síntesis Curricular de Diputados, entre otras.
Al conocer los resultados de la evaluación, el presidente de la Junta de Gobierno, Mario Riestra, dijo sentirse satisfecho con los esfuerzos realizados durante este año y afirmó que se ha cumplido con uno de los objetivos de transformar al Congreso y hacer de éste un órgano mucho más transparente, productivo y abierto a la crítica ciudadana.
Sin embargo, el Congreso local no demostró mejoría en su capacidad de articular un diálogo con los ciudadanos para la realización de las leyes, como sucedió con el caso de la reforma a la Ley Estatal del Agua.
Las quejas ante la realización fast track de dichas reformas han generado lo mismo marchas en contra de la privatización del vital líquido que la exigencia para que se realice una consulta pública sobre la privatización del agua, algo que el Congreso local no realizó.
