La delegada en Puebla de la dependencia federal, Vanessa Barahona, dijo que la dilación de la investigación se presentó porque la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR) acordonaron la zona el día del accidente para un operativo, razón por la que impidiendo el paso del personal de la STPS para realizar su trabajo. En tanto, los días siguientes la Secretaria de Economía (SE) investigó los permisos correspondientes con los que laboraba la gasera.
“Nosotros hacemos las diligencias pero los trabajos de la SSP, PGR y SE nos atrasó, precisamente hemos platicado con el delegado de la PGR para que en eventos posteriores se nos permita el acceso, en un periodo no más allá de tres días, para revisar las condiciones laborales de los trabajadores”, añadió.
Fue el 15 de octubre cuando un estallido de la industria del gas LP en la zona de Chachapa arrebató la vida de seis personas, entre civiles y trabajadores. Sin embargo, Vanessa Barahona admitió que las diligencias de la empresa que está a su cargo iniciaron un mes después, es decir, en noviembre.
La funcionaria federal evitó mencionar cuándo se publicarán los resultados de las investigaciones, pero no dudó en que la solución sea favorable para la empresa, pues pasado el mes puede manipularse la situación de la empresa: “Entramos pasado de un mes, no digo que esto pase en México, pero la empresa puede modificar o manipular la situación en detrimento de los trabajadores, las diligencias continúan, se están desahogando, no puedo decir que se han encontrado”.
Reto 2014, seguridad laboral para delincuentes
En otro tema, Vanessa Barahona refirió que la meta para el año 2014 es integrar a los convictos que cumplen una pena en los Centros de Readaptación Social al sistema laboral en empresas que den todas las garantías de seguridad social, toda vez que esta acción es un derecho humano.
“Si un reo o persona en situación de cárcel cumple una función de prestar su fuerza laboral a alguna empresa, esta situación laboral dentro del reclusorio tiene que normarse, por supuesto, debe de recibir seguridad social. No obstante, los que cumplen una pena tienen una situación jurídica específica, es decir, carecen de derechos políticos y civiles, pero la seguridad social es un derecho humano”.
La delegada fue firme al manifestar que no existe un padrón de reos que se encuentran laborando y las empresas en las que están contratados dentro de los penales, así que éste es el primer paso para regular su situación laboral.
Ante eso, afirmó que al dar certeza laboral a los convictos, se evitarían muertes como aquella que se suscitó a mediados del 2013, donde un trabajador eléctrico perdió la vida con una electrocución. En tanto, la delegada subrayó que los primeros meses del 2014 se capacitará a 25 reclusas para que emprendan negocio propio, esto después de firmar el convenio de capacitación con el Centro de Innovación y Competitividad Empresarial de la UAP.
Doce denuncias por falta de pago de aguinaldo
Durante el operativo de verificación de entrega de aguinaldo, la STPS registró 12 denuncias de empresas de diversos giros que incumplieron con el pago de este derecho laboral, mismo que se tenía que entregar —en primera etapa— a partir del 21 de diciembre hasta este día.
El total de denuncias corresponde de manera anónima a 10 sujetos, en cambio dos requerimientos ofrecieron sus datos personales; las empresas corresponden a prestación de servicio, construcción y la transformación, es decir, de empleados de parques industriales.
“Nos avocamos a las visitas de estas empresas, no podemos decir los nombres para evitar riesgos con los trabajadores. Vamos a los centros de trabajo para pedir un informe de a quién dan esta prestación o el convenio con los trabajadores para entregarlo”, comentó.
En cuanto se percatan del incumplimiento del patrón con el trabajador, se inicia una diligencia, posterior a un procedimiento administrativo que, en caso de incumplirse, se tendrá que pagar con una multa de 3 mil salarios mínimos. Hasta este lunes, no existen casos de este tipo.
194 empresas, con resoluciones laborales condenatorias
La delegación federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado de Puebla reveló que en el año que termina se realizaron inspecciones de empresas poblanas con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento y, de acuerdo con la titular de la delegación, se ejecutaron 238 resoluciones laborales, de ellas 194 fueron condenatorias, ya que se demostró que las empresas involucradas incurrieron en algún tipo de irregularidad o violación en contra de los trabajadores.
En rueda de prensa, la funcionaria del Gobierno Federal dijo que durante el 2013 esa dependencia llevó a cabo diligencias de inspección en empresas poblanas para verificar el adecuado funcionamiento de las mismas, así como el cumplimiento de la ley, para aplicar las sanciones que corresponden en caso de incumplimiento de la normatividad federal.
La delegada reveló que el resultado de las resoluciones condenatorias fue la captación de más de 6 millones de pesos por concepto de multas, pero además advirtió que esto no incluye el caso Tomza, que sin duda fue el de mayor impacto en Puebla durante este año, por las consecuencias que tuvo en contra de muchos trabajadores.
Vanessa Barahona comentó que al día de hoy todavía se llevan a cabo las diligencias correspondientes, ya que apenas en noviembre se permitió el ingreso de la STPS al lugar, por lo que todavía no cuentan con el dictamen final, sin embargo, éste ya se prepara de manera que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.