La Procuraduría General de la República (PGR) comenzó una averiguación previa contra expersonal de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Puebla, por el delito de fraude contra la dependencia.
Fuentes tanto de Sedesol como de la PGR y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) confirmaron la denuncia interpuesta contra quien resulte responsable de los delitos contra la nación.
En marzo de 2013 este reportero reveló cómo se registró un fraude al interior de la delegación de la dependencia federal que tiene a cargo frenar las carencias sociales para los que menos tienen. Más de año y medio después, no sólo los afectados —de pobreza extrema— siguen sin recibir apoyos para la construcción de cuartos para evitar el hacinamiento, sino que no pueden acceder a ningún apoyo federal porque están bloqueados administrativamente.
El presunto fraude se fraguó cuando la panista Myriam Arabián estuvo a cargo de la dependencia federal, en tiempos del expresidente Felipe Calderón. A cerca de un año del descubrimiento, existe la denuncia penal ante la PGR, de parte de las actuales autoridades de Sedesol, contra quien resulte responsable.
El presunto delito que se cometió fue de alrededor de 7 millones de pesos, al desviarse fondos de uno de los programas dirigidos a las familias más pobres del estado. Tras la primera investigación interna en la delegación federal, derivó en primera instancia con la renuncia del subdelegado Arturo Gutiérrez Torrera.
Ahora se indagará a fondo la posible participación de más funcionarios por actos de corrupción afectando el Programa para Apoyo a Vivienda Rural, que iba a beneficiar a cientos de familias poblanas.
La transa
Fueron por lo menos 342 cheques de 20 mil pesos cada uno los que fueron pagados a la empresa Provnamac SA de CV para que entregara material para construcción a gente de escasos recursos, todo con firmas falsas. El apoyo jamás llegó y, a pesar de eso, la Sedesol lo dio como un hecho pagando a dicha empresa los montos señalados, que ascienden a más de 6 millones 840 mil pesos.
El descubrimiento fue a los pocos días del cambio de gobierno federal, cuando un grupo de campesinos y habitantes de las comunidades de Quimixtlán, Tlaxaloya y Tepeaca acudieron a la Sedesol a ver qué había pasado con el programa del que serían beneficiados. A pesar de la anomalía, la Sedesol dio por cerrado el programa, aunque jamás fueron beneficiados los campesinos, quienes hasta la fecha siguen esperando el apoyo federal, en total desamparo.
La empresa Provnamac es originaria de Tulancingo, Hidalgo, donde Arturo Gutiérrez fungió como funcionario del Gobierno Federal. Además, al propietario proveedor o representante de Provnamac, Jorge Burgos, se le vincula con el subdelegado, según fuentes internas de Sedesol.
La negociación
Ante el escándalo mediático, la empresa intentó negociar con las autoridades de Sedesol, pero éstas simplemente le exigieron que cumpliera con la entrega de apoyos. Así, se prometió que habría una entrega de apoyos a unas cuantas familias, que posteriormente la suspendieron al alegar que no contaban con los recursos.
De este modo, la Sedesol no tuvo más opción que interponer la denuncia penal, a la cual ahora se le da seguimiento en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los tipos de apoyo y monto que otorga el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) a los hogares beneficiarios son: a partir de 40 y hasta 53 mil pesos para adquirir o edificar una unidad básica de vivienda en el ámbito rural. De 15 a 20 mil pesos para ampliar una vivienda en zona rural, de 10 a 15 mil pesos para mejorar la vivienda en zona rural. En esa ocasión ninguna de las 342 familias recibió el apoyo.
Antes del cambio de Gobierno Federal, tras la victoria de Enrique Peña Nieto, un grupo de campesinos y habitantes de las comunidades de Quimixtlán, Tlaxaloya y Tepeaca, entre otros, acudió a la Sedesol a ver qué había pasado con el programa del que serían beneficiados. Las familias son de muy escasos recursos, considerados como de pobreza extrema por vivir hacinados hasta cinco personas por un cuarto, en el mejor de los casos.
Por lo tanto, llenaban los requisitos para el Fonhapo y serían beneficiados desde junio de 2012 para la entrega de material de construcción con el que auto-construirían un cuarto más en sus viviendas, para combatir ese hacinamiento. El material para la construcción es entregado por empresas privadas, pagado con recursos de Sedesol, el dinero jamás pasa por manos de los beneficiarios, ya que al ser de escasos recursos se busca evitar que se gasten el dinero en otras cuestiones.
Se les entrega a estas personas una especie de vale o bonos, el cual le dan a la empresa una vez entregado el material y ésta a su vez, con este documento, le cobra a la dependencia federal con cheques con los montos marcados.
Pero Bonifacio Barrales Hernández, uno de los afectados, aseguró en entrevista a este medio, que jamás firmaron ningún documento, mucho menos un cheque.
Don Bonifacio es un campesino originario de San Miguel Tlayoatla que habita una vivienda con nueve personas, entre esposa, hijos y nietos.
Además, Bonifacio, de más de 60 años de edad, fungió como regidor de la junta auxiliar perteneciente al municipio de Tepeaca; es esposo de la que sería beneficiada del programa, María Ricarda Romero González.
—¿Ustedes firmaron cheques?
—No, esa es una mentira, ningún cheque y nunca presentaron esos cheques, nunca nos han enseñado.
“Eso es falso, porque a nosotros nada más nos dieron eso (documentos oficiales para recibir el material para la construcción), no firmamos nada, se entregó eso nada más”, dijo el campesino.
—¿Alguno otro que sí haya firmado un cheque?
—No, nadie, nadie, nosotros somos testigos todos los compañeros, hasta estábamos pensando ir a hacerles una manifestación más que nada para que nos hicieran caso, pero de cheques nadie ha firmado ningún documento, eso es falso.
En junio de 2013, el actual delegado de Sedesol en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, aseguró que se seguían las pesquisas por el fraude de los recursos que servirían para combatir el hacinamiento en casas.
La negación
En marzo de 2013, en entrevista a este reportero, la exdelegada de la Sedesol, Myriam Arabián Couttolenc, aseguró que no protegía a nadie, por lo que se debe investigar la anomalía. Reconoció que existe esta serie irregularidades en el pago por adelantado de los cheques y hasta un posible influyentismo.
“Todos coincidieron con esta empresa que es de Hidalgo, que es de donde venía el subdelegado, lo conocía y se ve que le dijo va a haber paquetes de vivienda acá y bueno, fueron a ver a la gente, se los ofrecieron y la gente aceptó que fueran su proveedor.
”Pero bueno tampoco es que sepa yo todos los cheques que salen, luego nada más te los reportan y casi ya no se usan cheques, sino transferencias electrónicas.
”No podemos hablar de un fraude hasta que no se consuma, si hay una irregularidad en la entrega de los cheques por adelantado. Pero el cheque se le puede entregar a la persona, el cheque está a nombre del beneficiario.
”¿Pero dónde están los cheques ahorita?”, se le cuestionó, pero la es funcionaria respondió encogiéndose en hombros.
—¿Supuestamente ya los tiene la empresa?
—Supuestamente ya los tiene la empresa, yo eso no lo sé.
—¿Ya los cobró la empresa?
—Pero cómo, si los beneficiarios los debieron haber endosado, eso a mí no me cuadra, no puedes sacar cheques a nombre de la empresa (…) tiene que haber un consentimiento de parte del beneficiario de entregar ese cheque.
—¿Ordenó usted el pago?
—No, jamás, aparte ni se le paga a la empresa, no hay una empresa a la que se le pague. Es a solicitud del beneficiario que endosa, normalmente lo hacen, se reúnen todos con la misma empresa, porque llevar kilos de cemento y tres varillas nadie lo hace.
—¿Podría haber tráfico de influencias?
—Sí, claro.
Los afectados
Hacinados en una vivienda de sólo un cuarto, en la mayor pobreza es como vive la familia integrada por 12 personas de José Cándido González Hernández, una de las cientos de víctimas de fraude del programa Vivienda Rural del gobierno federal.
La familia integrada por 12 personas de José Cándido, fue una de las 342 afectadas por el mencionado fraude, quienes tienen que seguir viviendo hacinados en un cuarto de 4 por tres metros y con una altura de 1.75 metros.
“Esta licenciada vino de Puebla a Tepeaca”, indicó al señalar el nombre de Myriam Arabián en el documento.
—¿Qué les dijo?
—Nos explicó que no iba a tardar la vivienda, les vamos a dar todo lo necesario del material, incluso a lo mejor hasta el albañil, pero pues nada.
“Ahí estuvo con todos los que salimos beneficiados con las viviendas, ahí estuvimos con la licenciada (Myriam Arabián) y con Pepe Espinoza”.
Otra víctima fue la familia de Augusto, quien además fungía como regidor de la junta auxiliar; es esposo de la que sería beneficiada del programa, María Ricarda Romero González.
—¿Quién lo invitó?
—Pues el Partido Acción Nacional (PAN) donde trabajó Calderón, nos dijeron va a haber este programa y adelante.
“Ahora no vemos nada, por eso pensamos nosotros que lo pueden tomar como campaña, que vienen elecciones y es dónde se viene la gente”, señaló.
“Nomás nos dieron el documento de parte del señor gobernador que es ahorita Rafael Moreno Valle (…) no se vale verdad, hay que trabajar lo que es”, dijo al indicar que el trámite fue realizado semanas antes de las elecciones federales.
Ahora José Cándido y Augusto están bloqueados administrativamente para recibir cualquier apoyo de parte del gobierno federal, ya que están catalogados como beneficiarios de Sedesol.
Por lo tanto, ahora tendrán que esperar hasta que acaben las investigaciones para recibir lo prometido, mientras siguen viviendo hacinados en sus pequeños cuartos de adobe.
