El Movimiento de Alternativa Social (MAS) convocó a los poblanos a comenzar una huelga de pagos ante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) como medida de protesta contra la concesión del servicio, anunció Marco Antonio Mazatle.

Diversos grupos ciudadanos como MAS, Coparmex y hasta universidades se mostraron en contra del incremento de las tarifas de agua, en algunos casos llegando hasta más de 50 por ciento.

Inclusive, se afirma que debido a esta situación se incrementará aún más la pobreza en el estado, afectando a los cinturones de miseria existentes en la zona conurbada de la capital poblana.

Este martes se realizó una rueda de prensa “Acciones en defensa del agua como recurso natural y humano”, donde integrantes del MAS expusieron que con las nuevas tarifas sólo se incrementará la pobreza en el estado de Puebla.

Indicaron que tras la reciente aprobación de las nuevas tarifas para el consumo del líquido, queda claro que a pesar de que se derogó del artículo 118 bis de Ley de Agua del estado de Puebla, es la empresa concesionaria quien seguirá fijando los costos del servicio. “Ya que los legisladores poblanos aprueban cada una de las iniciativas presentadas por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas sin ver cuánto afectan a los ciudadanos”, señalaron, información que también fue subida a su página de Facebook.

“El viernes 14 de marzo los diputados del PAN y sus partidos satélites (PRD, Panal, MC, PT y PSI) aprobaron el decreto para fijar las tarifas de agua en Puebla, así como los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc. Dichas tarifas representan un incremento de 50% y se actualizarán, de acuerdo al artículo 4 de dicho decreto, cada mes con base en una fórmula que incluye Índice de Precios al Consumidor, fijado por el INEGI.

”Así como gastos de operación, como es la energía eléctrica, el mantenimiento y la amortización de créditos. Sin embargo, quién nos garantiza que las actualizaciones no signifiquen incrementos a favor de la empresa concesionaria”, señalaron.

“Con las nuevas tarifas sólo se incrementará la pobreza en el estado de Puebla, aunque ya somos de los cinco primeros lugares a nivel nacional, porque no todos los ciudadanos podrán pagar las actualizaciones y por tanto no tendrán el servicio, lo cual sería una clara violación a los derechos humanos”, continúa el texto en Facebook.

“Aunado a esta situación la colocación de medidores será obligatoria y el dispositivo tendrá un precio mínimo de mil 300 pesos, a esto se sumarán los gastos por ‘obra necesaria’, que son la reposición de banquetas, guarniciones y pavimento, que están calculadas en no menos de mil 400 pesos”.

Asimismo, indicaron que se deberán pagar 208 pesos por el mantenimiento del medidor, “y eso no incluye las refacciones.

”El agua es un recurso natural de gran importancia para los humanos y no es justo que se busque beneficiar a la empresa concesionaria, que debido a una total opacidad en el proceso de licitación no se sabe si es Aguas de México o Aguas de Barcelona, pues aún no se ha dado a conocer a la ganadora del proceso a pesar que debió informarse el pasado 12 de diciembre.

”El gobierno de Rafael Moreno Valle pierde la perspectiva de que el agua y sus usos tienen un carácter social, que es el primer deber del estado, aun en el supuesto de querer hacerlo eficiente y modernizarlo, por lo que consideramos que los más afectados son los sectores populares”.

Indicaron también que el gobierno argumentó en el decreto que “todavía con un insuficiente capital para invertir en mejoras y ampliación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y rehúso; con una deficiente cobranza de aproximadamente un cincuenta por ciento en su facturación”.

Y señalaron que se requería de capital externo por 3 mil millones de pesos. “Pero nunca se menciona que los activos del SOAPAP van a la alza y que las cuentas por cobrar alcanzan los 3 mil 200 millones”.

Indicaron que se dijo que habría “tarifas equitativas y justas, según los estratos socioeconómicos”, pero no habrá condonación, exenciones o reducciones, o cualquier otro acto que merme o atrase su recaudación, en virtud de que actualmente se encuentra “amortizando deuda”.

Por lo tanto, en la rueda de prensa el MAS convocó a iniciar una huelga de pagos ante el SOAPAP como medida de protesta contra la concesión del servicio, anunció Marco Antonio Mazatle. Expuso que la medida busca el cumplimiento de tres puntos en beneficio de la sociedad, la primera la derogación de la Ley del Agua para el Estado de Puebla en la que se incorporó la figura de la concesión.

La segunda consiste en que el Congreso local restituya las tarifas vigentes y deje sin efecto la reforma del pasado 14 de marzo, finalmente, la tercera es el cese de la colocación de medidores del consumo de agua que, a su parecer, afectará el bolsillo de la gente y propiciará un aumento en el número de pobres en la ciudad de Puebla.

“Encontramos que es la única forma de frenar la privatización impulsada por el Gobierno”, manifestó.

“El gobierno de Rafael Moreno Valle pierde la perspectiva de que el agua y sus usos tienen un carácter social, que es el primer deber del estado, aún en el supuesto de querer hacerlo eficiente y modernizarlo, por lo que consideramos que los más afectados son los sectores populares”.

Asimismo, anunció otras acciones como presentación de amparos y movilizaciones como estrategia para echar abajo el cambio en las tarifas e impedir la concesión de los servicios de agua potable.

Universitarios critican tarifas
Los rectores de la Universidad Iberoamericana y de la UPAEP, Fernando Fernández Font y Emilio Baños Ardavín, respectivamente, se unieron a las críticas contra las nuevas tarifas.

Inclusive, solicitaron a las autoridades estatales que se establezca una “tarifa diferenciada” en el cobro del agua, a fin de que se delimite zonas y cantidad de litros consumidos. 

El rector de la Universidad Iberoamericana, Fernando Fernández Font, señaló que se trata de un precio justo que logre equilibrar el servicio que sea de calidad y se ajuste a las condiciones de la gente, se debe hacer una tarifa diferenciada por zonas y lugares.

Además, dijo que la tarifa debe definirse de acuerdo a cada colonia o junta auxiliar y establecer los costos en medida de los litros consumidos, pues no es lo mismo “alguien que usa 5 mil litros a otro que gasta 20 mil litros”. 

Por su parte, el rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavín, señaló que lo que es importante es que haya una racionalidad, que en efecto los diferentes espectros que se definieron para el cobro de la tarifa sean algo que vaya en línea con el uso que se le esté dando, ya sea domesticó o industrial.

La molestia de la IP
Hace unos días, también los empresarios poblanos salieron a señalar que las nuevas tarifas afectarán al sector que genera empleos, con un aumento de hasta 55 por ciento de lo que se cobraba.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Carlos Montiel Solana, dijo que las nuevas tarifas se reflejarán en alzas de precios en productos y servicios.

Incluso, adelantó que dicho incremento va a repercutir en los costos de producción en sectores industriales donde el insumo del agua es un factor importante en el costo de producción: “El impacto será muy significativo, estamos hablando de incrementos de hasta el 55 por ciento en las tarifas de agua que van a repercutir en las empresas”.

Afirmó que apenas las empresas estaban en un proceso de adaptación a las leyes de la Reforma Fiscal y al alza que aprobó la pasada Legislatura local del Impuesto Sobre Nómina (ISN), para que ahora tengan que hacer frente a la reestructuración tarifaria.